El gobernador Maximiliano Pullaro hace con Rosario todo lo contrario a lo que hacía su antecesor Omar Perotti. En los momentos críticos, el rafaelino que había prometido paz y orden se borraba y pasaban días o semanas sin aparecer. Pullaro se pone al frente para resolver crisis como la de marzo de 2024 o situaciones como las del último fin de semana con cinco muertes y monitorea desde su teléfono varias veces al día los parámetros de seguridad, con el reporte de delitos, número de detenidos en comisarías y alcaidías y verifica la cantidad y distribución de móviles policiales. Pullaro gestiona personalmente el contrato electoral que tiene con Rosario.
Los resultados del primer año de gestión fueron impactantes, con un derrumbe de la tasa de homicidios de 65% en apenas 12 meses y una baja más morigerada pero también importante en el resto de delitos. No sólo en Rosario, donde están presentes también las fuerzas federales, sino también en la capital provincial donde no hay Plan Bandera. Fue relevante para llevarlo adelante el paquete de leyes penales aprobadas por la Legislatura.
Para fines de 2026, según los planes de la Casa Gris, el rediseño institucional y operativo en seguridad estará funcionando a pleno. Para entonces, no deberían existir más las vetustas e inútiles comisarías, y en su reemplazo estarán en funciones seis estaciones policiales. El esquema se completa con el 911 y el centro de monitoreo que se construirá en Puerto Norte y el OJO que se dedica a análisis criminal.
El policiamiento preventivo ya trepó a 350 parejas policiales por turno en la calle, en móviles o a pie. Está para adjudicación la compra de otras 4.500 cámaras, junto con un software de inteligencia artificial aplicado a seguridad. Según el gobernador, Rosario será la ciudad más monitoreada de la Argentina y la región. A eso hay que sumarle la próxima finalización el concurso de selección de nuevos fiscales.
Toda esa revolución institucional y operativa hace de Rosario un laboratorio de seguridad que se levanta sustentado en una inversión de recursos económicos y de capital político que hasta aquí no se había visto. Si Rosario estuvo en boca de todo el país por la violencia, que pronto lo sea porque supo cómo frenarla. Esa es la apuesta de fondo del gobernador Pullaro. Si algo saben Pullaro y su gobierno es que la pronunciaba baja de los homicidios de 2024 no es una foto eterna. El delito muta, los equipos de trabajo se desgastan en el tiempo, las fuerzas de seguridad no responden siempre igual y, sobre todo, el problema de las bandas, las armas y la disputa territorial por el narcomenudeo fue puesto en pausa pero no desapareció.
Lo hecho y por hacer
Hasta el 31 de diciembre pasado, el gobierno provincial se medía con el desastre de seguridad que dejó la administración Perotti. Desde el 1° de enero pasado, Pullaro compite contra su propio éxito. Le salió bien, y la vara quedó alta.
“Los 290 homicidios de 2022 o los 261 de 2023 no son una cifra normal para Rosario, pero tampoco lo son los 90 de nuestro primer año. Un número esperable se ubica entre 130 y 140”, dice la Casa Gris.
A pesar de ser una ciudad híper intervenida en materia de seguridad, enero fue un mes con más muertes de las esperadas (a pesar de que estadísticamente siempre es más alto) y el fin de semana pasado hubo cinco homicidios, incluido un triple crimen en un área donde hacía poco se había ajustado el trabajo operativo de calle.
Fiel a su estilo, el gobernador se puso al frente de la seguridad una vez más. Tuvo dos apariciones públicas potentes, con anuncios y medidas concretas, pero también con definiciones políticas de alto impacto.
La campaña es la gestión
El martes abrió las ofertas de la cárcel de alto perfil que prometió en su campaña por 100 mil millones de pesos. Y el viernes anunció un sistema de recompensas, con un piso de 8 millones, para resolver crímenes que quedaron impunes en los últimos diez años, o que tuvieron condenas parciales.
Hasta ahora el ofrecimiento de recompensas en casos puntuales dio buenos resultados en las investigaciones penales. En adelante se invierte: deja de ser excepcional y es para todos los crímenes, sean del pasado o los que vendrán.
El gobernador dijo que “si alguien está dispuesto a matar por 200.000 pesos, el Estado de Santa Fe está dispuesto a pagar 40 veces más para que esa persona termine en prisión perpetua”. El mensaje para un sicario es que si acepta matar por 200 o 300 mil, “alguien de su entorno” se va a llevar 8 millones.
En tanto, en la apertura de las 18 ofertas para construir la cárcel para 1.500 presos de alto perfil en Piñero, el gobernador dijo que si Unidos ganase la elección, él garantiza que la nueva Constitución no tendrá nada de “garantismo”.
Su cruzada contra el garantismo –término conceptualmente mal utilizado pero electoralmente taquillero desde que Juntos por el Cambio lo asoció con éxito publicitario como un disvalor del kirchnerismo en particular y del progresismo en general– es una hipérbole política utilizada para ratificar el rumbo del gobierno en materia de seguridad, que en el primer año de gestión dio resultados inesperados con alto nivel de aceptación social.
Ese rumbo se va a plebiscitar el 13 de abril en la elección de convencionales constituyentes, en la que Pullaro, que será candidato, apostó tempranamente su capital político, con mucho para ganar pero también para perder.
El contexto de esa compulsa electoral es el de un país que hace un tiempo giró sus preferencias ideológicas. La franja del electorado en disputa pasó a ser la del centro hacia la derecha. Por eso el gobernador procura ocupar todo el ancho de esa banda, sobre todo en lo referido a seguridad que es su principal fortaleza, y evita dejar el espacio vacante para que opositores como Amalia Granata o la Libertad Avanza lo corran por derecha.
La ventaja de Pullaro es que, al menos de forma provisoria, es el gobernante argentino más exitoso en bajar el delito. Y lo hizo con dureza, tensionando límites, con la Policía y el Servicio Penitenciario en línea y pulseando con la Justicia para que ajuste los criterios de prisión preventiva y haga cumplir las penas, pero sobre todo exigiendo al Poder Judicial que sea parte de una política de Estado que permita enfrentar al crimen organizado en bloque y de forma articulada.
Hubo sobregiros discursivos, errores y correcciones, pero lo conseguido en Santa Fe no fue fruto de colgar a nadie en una plaza pública ni “llenar de agujeros a los chorros” como pregonan los “milicochantas” como José Luis Espert.
Camino al 13 de abril, la campaña del oficialismo pasará por la gestión y no por meterse en los cruces políticos y el golpe a golpe con otros espacios. Como la seguridad es un punto determinante para Rosario, la ratificación del rumbo con obras, anuncios y definiciones político-ideológicas fue el primer paso tras el cierre de listas, más en un momento en que una serie de crímenes pudieron despertar alguna duda.
Pullaro es la figura excluyente de la lista de constituyentes. Su presencia reafirma una gestión con alta aceptación social que el 13 de abril debe traducirse en votos. Cumple también la función de ordenar y unificar a ese inconmensurable universo de partidos, dirigentes y espacios que es Unidos que, sometido a una campaña electoral plagada de golpes bajos, provocaciones, sin reglas ni respeto como las que algunos espacios proyectan, puede desordenarse rápidamente. La “campaña es la gestión” implica esquivar los cruces con la oposición y no responder las provocaciones. A diferencia del temple que mostraron la vicegobernadora Gisela Scaglia y la bancada socialista, el incidente ocurrido en la Asamblea Legislativa entre el senador Felipe Michlig, cercano al gobernador, con la diputada Amalia Granata, da cuenta de lo difícil que puede resultar mantener el plan inicial.
Granata tensiona con el oficialismo en busca de votos en el electorado no peronista que consagró gobernador a Pullaro en 2023 con el 54% de los votos, categoría en la que ni ella ni La Libertad Avanza compitieron esa vez, pero sí lo harán en esta oportunidad.
A su vez mantiene una pulseada aparte con el peronismo. Las divisiones y problemas internos del PJ son una gran noticia para la diputada, que aspira a quedarse con votantes opositores que el peronismo pierde capacidad de representar. En especial busca a los votantes de Perotti que quedaron sueltos: los que se decepcionaron con el rafaelino y los que no lo votarán porque desistió de participar de la elección.
Ese escenario hace que en el justicialismo empiecen a preguntarse si además de medirse con Marcelo Lewandowski que juega por afuera del PJ, no hay riesgo de que las tres listas identificadas con el peronismo terminen por debajo de Granata en la grilla general.
La campaña será corta y empezará en marzo. Falta que irrumpa en escena La Libertad Avanza, que arranca de un piso relevante, más por el peso de la marca que por los nombres propios, según coinciden en distintos campamentos políticos.
Corte Suprema, primer acto
La semana que pasó el oficialismo alcanzó unos de sus principales objetivos desde que asumió. La Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de Margarita Zabalza, Jorge Baclini y Rubén Weber, cerrando así el primer paso de la renovación de la Corte Suprema.
Los nuevos ministros asumirán en dos etapas, en marzo y abril. Aunque algunos plantean dudas sobre el rol de Rubén Weder, nombrado a propuesta del ex gobernador Perotti, se cree que para entonces se podrá generar una nueva mayoría, poniendo en marcha la renovación en sentido amplio, es decir cambios de nombres para que cambien cosas en el Poder Judicial.
El oficialismo espera que con la llegada de tres nuevos ministros las reformas en materia de organización y gobierno del Poder Judicial empiecen a verse desde abril mismo, apoyadas en una nueva mayoría, que se supone como mínimo integrada por Zabalza, Baclini, Weder y Daniel Erbetta.
