Sindicatos aceiteros plantearon este viernes la necesidad de que la defaulteada agroexportadora vuelva a ser intervenida por la Justicia ante las dudas que genera la actual conducción del directorio y el manejo que hace de los recursos. El planteo se puso sobre la mesa este viernes a la mañana durante la audiencia a la que convocó el juez del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, para que todas las partes discutan cómo salir de la urgencia financiera que atraviesa la empresa que no para de escalar.
Ocurre que si la semana que viene Vicentin no paga los sueldos de febrero, los gremios (Aceiteros de San Lorenzo y Federación Aceitera) pararán no solo las plantas de la defaulteada, sino también podrían extender la medida de fuerza a todo el cordón. Según precisó la empresa durante la audiencia, que terminó pasado el mediodía, le faltan conseguir unos $1.500 millones de los $2.600 millones que necesita mensualmente para afrontar el pago de las remuneraciones. Para los gremios, el día límite es el lunes 10, mientras que Vicentín entiende que tiene plazo hasta el martes 11 para cumplir con sus obligaciones.
El dinero que ya consiguieron provino, en parte, de los adelantos por “fazones” (como se llama en la jerga al servicio de industrializar y embarcar granos de terceros) de girasol correspondiente a la primera quincena de marzo. Que les adelanten financieramente el dinero a cobrar por el trabajo de la segunda quincena del mes en curso podría completar el monto que necesitan juntar. Pero, en el mejor de los casos, el problema es que, si no hay una solución de fondo, a principios del mes que viene la situación volvería a ser la misma.
El directorio de Vicentín llegó a la audiencia culpando de la situación primero a las demoras de la Corte Suprema de Santa Fe en tratar la homologación de la oferta concursal que habían presentado y luego por el fallo adverso.
Según su lectura, ese revés judicial ahuyentó a los “inversores estratégicos” (Bunge, Viterra y ACA) que le estaban aportando granos con miras a quedarse con los activos industriales y portuarios, pero que ahora que está abortada la posibilidad cortaron los envíos de mercadería decidieron no renovarlos luego de su vencimiento a fin de febrero.
Pero la estrategia de culpar a las demoras judiciales tuvo un revés cuando se expuso que ahora la propia Vicentín presentó un recurso en queja en la Corte de Santa Fe para recurrir a la Corte Suprema de la Nación.
Y es que si bien se trata de un camino a recorrer para presionar mientras se negocia una salida, en la práctica imposibilita a la Cámara de Apelaciones de Rafaela de disponer el cram down (y rescate de la firma) hasta que no se expida el máximo tribunal provincial.
El directorio, bajo la lupa
Precisamente, lo que buscaba con la audiencia Lorenzini era que Vicentin exponga un plan sustentable para sostener la empresa hasta que se habilite el cram down y se defina, finalmente, su futuro.
Pero la empresa no llevó plan alguno, sino que repitió las quejas antes mencionadas. Y si bien estuvieron los abogados de Viterra y Bunge, no soltaron prenda sobre qué decisión van a tomar en materia de aportar granos y solo respondieron cuestiones de forma.
Precisamente, la falta de esa estrategia de abastecimiento de mercadería generó mucho malestar entre acreedores y gremios que pone a las fábricas al borde del cierre.
Por ejemplo, el grupo Grassi -el segundo acreedor comercial en importancia- presentó números que muestran que, a diferencia de años anteriores, en el mercado cerealero hay necesidades de procesamiento que Vicentín puede satisfacer porque (por el mix de plantas) el precio de sus fazones son competitivos para los exportadores.
Grassi, además, explicó que las decisiones de producción y los cronogramas de embarque se planifican con al menos cuatro meses de anticipación, cosa que -dijo- quedó a la vista que no hizo el directorio de Vicentin. Y luego enfatizó que, precisamente, la delicada situación financiera y laboral de la empresa es responsabilidad del mal management del directorio de la compañía.
Frente al reclamo de Vicentín de que Grassi, el acreedor que encabezó la queja judicial a la oferta de pagos que finalmente no fue homologada por inconstitucional, sea quién aporte granos y adelante dinero, desde el grupo cerealero sostuvieron que tienen el interés y los contactos para hacerlo, pero no lo harán mientras que la empresa siga manejada por los actuales dueños.
Y es que el directorio no les generan confianza y tampoco el management inspira sapiencia para afrontar el tema (no en vano provocaron el default más grande de la historia del mercado de granos), y que por eso están a la espera de cram down para intervenir de manera directa.
En ese contexto fue que los gremios escalaron el debate poniendo sobre la mesa la necesidad de que la empresa vuelva a estar intervenida por la Justicia, ya que toda la tensión financiera empezó cuando en septiembre la firma dejó de estar controlada judicialmente.
Particularmente, la más crítica fue la Federación Aceitera, que incluso embistió contra Bunge y Viterra por la decisión abrupta de cortar los fazones. Y por eso quedó en el aire el interrogante si no se trató de una medida de tipo extorsiva más que una decisión comercial.
Es más, entre gremios y acreedores se puso el foco también en que el problema de falta de mercadería para procesar solo está en la planta de San Lorenzo, ya que siguen vigentes los fazones en la planta de bioetanol, la planta Renopack y en menor medida la de Ricardone.
Pero, por sobre todo, señalaron que no se explica cómo Vicentìn no está teniendo utilidades por su participación en Renova, la aceitera más grande y competitiva del país radicada en Timbúes, de la que mantiene más de un 30% de las acciones. Cálculos aproximados dan que la empresa debería estar recibiendo unos 15 millones de dólares al año (arrojando un saldo positivo aún luego de descontarse el pago de créditos tomados)
En efecto, los asistentes al encuentro no quedaron conformes por las explicaciones sobre cómo los dineros que ingresan no alcanzan para pagar sueldos, mientras la deuda post concursal sigue subiendo (más de $5.000M) y en caja las cuentas son negativas, cuando al inicio del concurso decían tener unos u$s50M
También se argumentó para pedir la intervención judicial la falta de explicaciones sobre el destino de los fondos que deberían haberse invertido en mantenimiento (como disponen los contratos de fazones) que no se habrían realizado.
Finalmente, y ante la falta de una salida, el juez Lorenzini llamó a mantener la mesa de diálogo abierta de cara a la tensa situación.
