El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe ultima los detalles para el lanzamiento de una medida que provocará un salto sin precedentes en el tejido empresario provincial. Se trata de un esquema totalmente innovador que le dará un fuerte impulso a la instalación en territorio santafesino de nuevas empresas de base científica y tecnológica. ¿De qué se trata? Del armado de un “fondo de fondos” con un millonario aporte de $10.000 millones al año.
El sistema funcionará así: el gobierno provincial aportará esa enorme cantidad de dinero a los administradores de fondos especializados (como Aceleradora Litoral, Glocal, SF500, CITES, Grdix) para que ellos coloquen los fondos en el desarrollo de empresas de la “nueva economía”.
Como se ve por la cifra involucrada, que en dólares podemos redondear en u$s10M al año, el aporte de dinero no será testimonial. Todo lo contrario. El propio ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, quiere que la medida tenga un impacto contundente para el desarrollo de la ciencia y tecnología, y por eso decidió poner sobre la mesa una cifra de la que no hay registro como aporte público en el país para desarrollo de empresas científicas, y por eso su impacto puede ser muy fuerte en el tejido productivo provincial.
Pero por más que la cifra luce contundente, lo más novedoso, por lejos, es el sistema que armó la Secretaría de Ciencia y Tecnología. En concreto, por dos cuestiones fundamentales.
Primero, no es que la Provincia arma un fondo para financiar startups a riesgo propio (para eso ya participa en el SF500) sino que esta estructuración es ampliamente superadora porque pondrá los millones y, sobre todo, las condiciones que tendrán que cumplir los proyectos empresarios que neceitan financiarse, pero serán las administradoras de fondos especializadas en el tema las que salgan a buscar los emprendimientos y los acompañen en el desarrollo.
En efecto, con este mecanismo de “fondear fondos”, la Provincia -tras definir qué tipo de iniciativas financiar- delega toda la implementación en las estructuras de estos fondo que tiene el personal y el know how especializado para hacer todo el proceso, dedicándose sólo a controlar el cumplimiento de las exigencias.
El otro tema distintivo del sistema es el tipo de empresa que se financiará. La idea es aportar recursos a las empresas que tienen que dar el salto del laboratorio a la fabricación en escala industrial. Serán fondos para el establecimiento de unidades productivas, con la condición innegociable de que la radicación sea en la provincia.
De esa forma, lo que se genera es un impulso a la constitución de estructuras fabriles que aportarán empleo y valor agregado al territorio santafesino. No se trata, entonces, de financiar, como suele pasar en este negocio, emprendimientos que -siendo originalmente locales- instalan sus bases fabriles en otras partes del mundo sin incidencia con la economía provincial porque los empleos no se generan en su territorio.
Además, este “fondo de fondos” encastra justo con la flamante ley de parques industriales que, como contamos la semana pasada, tiene como novedad que introduce la figura de los Distritos Tecnológicos, que estarán destinados a la radicación de empresas del sector.
¿Y qué empresas quieren escalar? "Salto productivo" es uno de los 4 focos. Los otros son "Necesidades Críticas" para resolver problemas productivos; "Conocimiento de Frontera" para emprendimientos basados en ciencia de punta, y "Complementación Productiva" para eslabones débiles de cadenas productivas fuertes. El común denominador es la base científica tecnológica de las empresas (nuevas o consolidadas) que serán invertidas.
Finalmente, un tema no menor: los fondos, que están en el presupuesto provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, se adjudicarán a través de licitaciones públicas para garantizar la transparencia. Y se utilizará un fideicomiso financiero administrado por un agente fiduciario para dotarle también de máxima luminosidad al proceso.
La adjudicación de fondos será en base a los antecedentes, capacidades y plan de trabajo presentado alineado a los términos de la licitación.
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Convencidos de que en la unión de la ciencia, la tecnología con la actividad empresaria es uno de los puntales que tiene la economía provincial para dar el salto al desarrollo sostenido, el tipo de noticia que acabamos de dar generalmente colocamos al final de esta columna.
Pero en este caso, por el contrario, decidimos abrir el run run del domingo con ella por dos razones: una por la magnitud del anuncio -que, todo indica, el gobierno quiere hacer la semana que viene en Expoagro.
Y la otra es que, con la constitución de este “fondo de fondos”, hay una bandera que el gobierno de Santa Fe puede hacer flamear bien alto: en un contexto totalmente adverso para la ciencia en Argentina, con un gobierno nacional cerrando institutos científicos y desfinanciando profesionales, la provincia de Santa Fe envía a la comunidad científica una luz de esperanza al desmarcarse de las sombras de los ajustes porque sabe que la ciencia aplicada a la economía es crucial para el desarrollo de un país.
Toda una declaración de principios.
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Bueno, basta de dulzura.
Vamos al barro de las internas.
Arrancamos con una entre universidades y por un tema central para la economía y del que solemos hablar en esta columna: la hidrovía.
El dato lo trajo el viernes la secretaria de Transporte de la Provincia, Mónica Alvarado, y lo comentó momentos antes de empezar el debate sobre la hidrovía organizado por la comisión de Producción del Concejo de Rosario.
Resulta que Alvarado, junto con el ministro Puccini, se reunieron días atrás con autoridades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para juntar ideas y propuestas de cara a la nueva redacción de pliegos.
Fue ahí que la gente de la UNL les dijeron que si bien ellos había realizado los trabajos de ingeniería sobre las obras de mejoras que necesitaba la vía navegable que les encargó el gobierno de Alberto Fernández, por el contrario, la UNR no había cumplido con el trabajo que le habían encargado: analizar el impacto ambiental de las mayor profundización del dragado.
La historia es la siguiente: de cara a una licitación de la hidrovía que nunca lanzó, el Ministerio de Transporte del gobierno anterior le encargó a la USAM que analice el tema tarifario, a la UNL que prepare la ingeniería de las obras y a la UNR que estudie el impacto ambiental.
Pero como el gobierno nunca definió el proyecto de obras (por ejemplo cuánto dragar), la UNR no pudo analizar su impacto ambiental. Fue ahí que el Ministerio, entonces, le encargó que audite la gestión ambiental de los servicios actuales de dragado que se estaban prestando.
El tema es que esto que contamos lo sabían en la UNL ¿Entonces, por qué le tiraron tierra a la UNR ante el ministro con una mentira? ¿Alguna cuestión política entre los rectores Enrique Mammarella y Fracno Bartolacci?
¿O será, más bien, por una cuestión de negocios que no tienen nada que ver con la vida universitaria? No hay que olvidar que se juegan millones detrás de los contratos de auditoría para la hidrovía.
“La Bolsa de Comercio, junto con otras entidades empresarias, le encargaron dos estudios a la consultora privada LatinoConsult para que les aporte documentación y propuestas de cara al armado de los pliegos de la licitación. Quienes hicieron esos estudios son funcionarios de la UNL contratados por esa consultora”, comentó Juan Carlos Venesia, director del Programa de Infraestructura de la UNR, durante su exposición en el Concejo, aportando un dato no muy conocido: la relación de los profesionales de la universidad pública con una consultoras privada que trabaja para las multinacionales cerealeras.
Ahora: ¿algo de los ingresos cobrados por los investigadores públicos va también “a la corona” o en la caja de la UNL ni estaban enterados? Es pregunta.
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Sigamos con las internas. Esta vez 100% empresaria.
“No hay nada. Es una mentira”. Así de terminante fue Marcelo Buzzoni, responsable de ventas de Giorgi Automotores, en diálogo con Radio 2, al ser consultado sobre la información de una novedosa línea de créditos para la compra de autos 0 km por el 100% del valor que sacaría el Banco Nación.
No se trata de lo que siempre ocurre: se hacen los anuncios para la prensa y tardan en ponerse operativos para el público. Esto es más profundo. “No se sabe cómo salió esa información o ese rumor, pero la Asociación de Concesionarias de la República Argentina (Acara) ya comunicó que ese crédito no existe y que no hay probabilidades de que salga. No va a suceder”, agregó de manera contundente.
El tema es que el anuncio lo hizo el propio presidente de Acara, Sebastián Beato, en notas pagas en la prensa porteño, que luego se replicaron por todo el país, y en las que precisamente, se promocionaba su gestión al frente de la cámara empresaria frente a las internas que, como en todos lados, allí existen.
En rigor, según averiguó Rosario3, se habían iniciado conversaciones entre Acara y el Banco Nación, pero lejos estaban de ser haber madurado como para anunciarlos. Es más, la difusión -sin autorización del Banco Nación- armó un escándalo interno en la entidad que escaló hasta la propia Casa Rosada, que bajó la orden de abortar todo. No habrá, entonces, crédito del Nación a los 0 km.
¿Y por qué la bronca del gobierno? Es que el gobierno fichó a Acara como una entidad enemiga. En efecto, el Poder Ejecutivo promueve el cierre y desaparición de los Registros del Automotor, donde Acara controla el funcionamiento operativo y hasta la provisión de insumos de documentos y patentes, para la matriculación y transferencia de vehículos.
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El tema de Acara viene como anillo al dedo para introducir a la madre de todas las internas empresarias (mechadas con peleas con el gobierno) que estalló esta semana al publicarse en el Boletín Oficial que las empresas ya no estarán obligadas a realizar aportes económicos a las cámaras empresarias.
El tema es así: hasta ahora, las empresas deben hacer un aporte obligatorio (igual, no todas lo hacen) a las entidades nacionales como, por ejemplo, la Asociación de Industriales Metalúrgicos Argentinos (Adimra), la Cámara Argentina de Comercio (CaC) o Confederación de la Mediana Empresa (CAME), que luego los reparten entre las entidades de base a lo largo del país, y que en Rosario sería la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (por Adimra), la Federación Gremial (por CAC) y la Asociación Empresaria de Rosario (por CAME).
La decisión del gobierno -que está en línea con su espíritu “anti-casta” (en este caso empresaria) y anti regulaciones (con los costos que eso supone)- también busca montar su legitimación en la críticas de empresas no adheridas a cámaras que se quejan de tener que abonar ese cargo y de que algunas cámaras empresarias ignotas y de dudosa representatividad (hay que decirlo) que (al no cobrar ellos esos aportes) ponen un manto de duda sobre la eficiencia en el uso de ese dinero.
En Rosario, hubo posturas bien distitntas. El presidente de la Federación Gremial, Eduardo Maradona, saludó la iniciativa. De hecho, siempre hizo fuerza y campaña para que se elimine la obligatoriedad del aporte muy crítico a cómo se manejaban en Buenos Aires, la CAC, esos fondos. “El oro del Vaticano”, despotricaba,
Por el contrario, Ricardo Diab, advirtió sobre el desfinanciamiento de la actividad institucional de apoyo a empresas que prestan las cámaras de base (organizaciones de misiones comerciales, actividades promocionales, financiamiento a centros comerciales barriales), un respaldo que -sostiene- siempre fue clave, sobre todo en momentos de pocos negocios.
Y en la AIM, su titular Rafael Catalano, se mostró confiando en que los servicios que ofrecen (por ejemplo, capacitación y asesoría) son de una calidad que los socios y no socios los seguirán eligiendo evitando así que el corte del financiamiento que llegará desde Adimra les bloquee la actividad institucional
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Ahora bien: el tema de los aportes empresarios a las cámaras introduce un tema muy interesante: el nivel de compromiso real de las empresas con sus sectores.
La postura liberal de que el aporte a las cámaras sea voluntario no entusiasma a la dirigencia porque conoce a sus socios. Son pocos los que quieren hacerlo, y no sólo por problemas de bolsillo sino por convicción y actitud.
Pero, eso sí, esa visión despectiva sobre la actividad gremial empresaria (que también se expone en la poca participación en las instituciones) no les impide sacar provecho de las medidas que logran: como puede ser una baja de tasas, un crédito subsidiado o una negociación paritaria.
Es más, este jueves, en los ya tradicionales desayunos que mensualmente organiza AIM con la prensa, Catalano comentaba que muchas metalúrgicas no asociadas a la cámara siempre les piden, y sin ponerse colorados, los datos que ellos generaban (por ejemplo actividad sectorial) y que ahora, con este nuevo esquema, primero tendrán que pasar por caja.
Finalmente, sobre este tema, queda boyando un interrogante: el gobierno nacional de Milei (supuestamente pro empresario y pro mercado) desfinancia a las entidades empresarias pero cuida la caja de la “casta” sindical.
Es que, a diferencia de lo que hace con los aportes empresarios, mantiene los aportes de los trabajadores para el financiamiento de los gremios. De esa forma está generando un desbalance en las relaciones de fuerza entre capital y trabajo.
La explicación es que primero quiere tener la Justicia en línea para que no le bochen en Tribunales el cambio, como suele ocurrir con la legislación laboral.
Un miedo que no tuvo con las entidades empresarias. Y eso que es probable que CAME recurra a la Justicia.
Como sea, ¿no suena poco empresario y bastante populista el desigual trato para con entidades empresarias y entidades gremiales?
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Otro caso de una medida de gobierno que sorprende por el tono no tan libertario.
“Está pasando algo muy raro”, comenta Guillermo Copello, gerente general de Esencial, al analizar el reciente cambio de sistema tarifario que decretó el gobierno nacional para las prepagas, que les permite aplicar aumentos diferenciales a cada uno de sus planes cuando hasta ahora tenían la obligación de aumentar el mismo porcentaje a todos sus afiliados.
“Si bien parece introducir algo de libertad, que es algo bueno, al final la libertad no es tanta porque obligan a publicar los aumentos en cada plan a los 5 días de publicado el IPC. Entonces, todos nos preguntamos: ¿Por qué se liga el anuncio de nuestros aumentos, que en teoría son libres, con la publicación del dato de la inflación?. Y en el corrillo de las empresas se dice que el gobierno no quiere aumento superiores al IPC” comenta el ejecutivo.
Para las empresas eso supone un problema. Es que, por sus particularidades, los costos de la salud no corren en el mismo carril que el IPC y están muy por arriba de la inflación. “Es menos plata que vamos a recaudar para pagarle a los prestadores privados lo que realmente vale su servicio; se los está desfinanciando”, avisa Copello. Así que, con otras formas el mercado sigue regulado.
Que extraño es el liberalismo económico que aplica el gobierno.
A todo esto: ¿cómo está el mercado? “Seguimos compitiendo todos por la misma población porque nuestro mercado sólo crece si hay generación de empleo genuino nuevo, y eso hace tiempo que no está ocurriendo. No es algo de este gobierno. Se ve desde hace mucho tiempo”, completó Copello.
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Vuelta de página. Vamos por el lado de la Justicia.
Contra todo lo que se especulaba, el fiscal a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Miguel Moreno, no se presentó como candidato al cargo de Fiscal Regional de Rosario.
Quienes se anotaron fueron:
1- BAUDINO, María Florencia
2.- COVANI, Carlos
3.- LEÓN, María Verónica
4.- MERLO, Matías
5.- SALDUTTI, Patricio
6.- SALVAGNO OLIVA, María Florencia
7.- SCHIAPPA PIETRA, Luis Antonio
En los pasillos del Centro de Justicia Penal se repite que el actual Fiscal Regional interno, Merlo se quedará con el cargo.
Es posible que esa firmeza (en lo interno y externo) de Merlo haya contribuido a que Moreno, quien en la previa se lo señalaba como el candidato más fuerte, haya decidido no presentarse.
Pero -a fin de cuentas- lo importante es que no hacerlo, el fiscal mostró mucha responsabilidad institucional y prolijidad en el accionar. Y es que viene de ser casi coautor de la caída de la Fiscal Regional anterior y podría interpretarse de que la denunció para ocupar luego su silla.
Igual, Moreno busca retirarse de la investigación de delitos económicos complejos ya que concursó para ser juez de la Cámara de Apelaciones. Y más allá de quién lo suceda en la dirección de la Unidad hay una certeza: quien quede a cargo tendrá que lidiar con presupuestos exiguos.
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Y vaya que son exiguos los presupuestos en esa unidad de fiscales.
En varias oportunidades alertamos en esta columna sobre la falta de fondos para tener recursos humanos preparados para perseguir delitos complejos, como las fraudulentas estafas financieras de Vicentín o Luis Herrera, casos en los que fue clave la asistencia de los estudios jurídicos querellantes.
Como muestra, va la última novedad. Una de la profesionales que entró primero a la Unidad como pasante y luego fue contratada por el MPA recibió una oferta de un estudio jurídico importante y pese a que Moreno bregó para que le mejoren el contrato porque era una excelente empleada, su pedido no prosperó y fue así que, tras el MPA insumir tiempo y dinero en preparala, ya se fue a la actividad privada.
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Para terminar el capítulo judicial, ya hay tres amparos contra la reforma previsional de Santa Fe que llegaron a la Corte Suprema.
Los recursos, que presentan jueces jubilados que se oponen a realizar el aporte solidario para salvar la Caja de Jubilaciones, empezarán a estudiarse recién una vez que esté terminado el proceso de renovación institucional en marcha.
Si el máximo tribunal finalmente rechaza los amparos se acaba la discusión, pero sí los avala la que se cae es la reforma. Y eso generará un tembladeral político.
A todo esto: ¿cuántos recursos se presentaron? Según los números que llevan en la Secretaría de Seguridad Social de Santa Fe, se presentaron unos 120 recursos de amparos, siendo avalados algo más de una docena. Muy poco.
No obstante, esos 12/15 casos tienen mucha prensa porque están concentrados en los juzgados laborales de Rosario. En Santa Fe, por el contrario, no prosperan y tampoco lo hacen en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Por eso, el gobierno está haciendo foco en el papel político que están jugando los jueces laboralistas rosarinos. Es más, hasta manejan una versión de que hay jueces en actividad que están analizando presentar recursos; lo que supone todo un debate institucional porque serían pares los que estarían tomando los casos.
A todo esto, el último recurso para que no le hagan el descuento del aporte solidario de $495.800 fue de un camarista jubilado, quien cobra $10.500.000 al mes de jubilación, sin descuentos de Ganancias, ni de Iapos.
Y la particularidad es que, a mediados de los noventa, este camarista ahora jubilado fue profesor de Teoría Jurídica en el primer año de la carrera de Ciencia Política de la UNR y tuvo sentado entre sus alumnos a un jóven de pelo largo recién llegado de Hughes llamado Maximiano Pullaro.
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Vuelta de página. Vamos por una financiera, y que involucra a una empresa rosarina: ALZ Agro. La firma agropecuaria que, entre otras cosas, invierte 3 millones de dólares para recuperar un edificio de valor patrimonial que data de 1930 en la esquina de Entre Ríos y Santa Fe con el objetivo de montar allí su moderno centro corporativo.
La novedad es que la semillera del grupo anunció que depositará anticipadamente los $3.564.508.563 correspondientes al pago del primer servicio de amortización de capital y el quinto servicio de interés de sus ON PYME Serie VII, con un valor nominal de u$s 10M. El depósito se realizará el 10/3 en Caja de Valores,mientras que la fecha de pago está programada para el 31 de marzo.
ALZ Semillas informó también que inició gestiones con los Alycs involucrados en la colocación de sus pagarés bursátiles con vencimiento en abril y mayo (2025) por hasta u$s 1.250.000 para contactar a los tenedores y ofrecerles la posibilidad de comprarlos a través del mercado a una tasa del 10%.
Con estos anuncios, ALZ Agro lo que hace es tomar distancia de otras empresas del rubro (como Surcos y Los Grobo que defaultearon por estar muy endeudadas y con mucho stock de insumos y semillas comprado en 2023 especulando con una devaluación que no llegó) y mostrando, que por el contrario, ellos tienen solidez financiera. "Reafirmamos el compromiso con el mercado de capitales, asegurando el cumplimiento íntegro y oportuno de sus obligaciones y promoviendo relaciones transparentes y de confianza con sus inversores", resaltó la firma.
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Otro tema.
La ola de calor, que azotó la semana pasada al país, puso en jaque la infraestructura energética exponiendo, con los apagones, la debilidad del sistema eléctrico. Y si bien puede ser que haya sido un evento extraordinario, asoma que cada vez son más recurrentes.
“Lejos de caer en un enfoque alarmista, existen alternativas viables que permitirían mitigar el impacto de los cortes y mejorar la resiliencia del sistema eléctrico. Entre ellas, el desarrollo de un Sistema de Alerta Temprana, la incorporación de turbinas de gas aeroderivadas móviles, la instalación de centrales de almacenamiento de energía y el avance en la construcción de la obra de transmisión AMBA”, sostiene Alberto Rosandi, consultor especialista en energía.
¿Y de qué se trata el sistema de alerta temprana? Así lo explica: “Uno de los principales desafíos en la gestión del sistema eléctrico es la capacidad de anticipar situaciones de riesgo y tomar medidas preventivas. Un Sistema de Alerta Temprana permitiría prever escenarios críticos antes de que ocurran cortes masivos, mediante el monitoreo en tiempo real de la demanda y la oferta de energía.Este sistema se basa en modelos predictivos que analizan el comportamiento del consumo en función de variables climáticas y patrones históricos, permitiendo activar respuestas inmediatas como redistribución de carga o incentivos para la reducción del consumo en momentos de máxima exigencia”, resalta Rosandi.
Y sobre la otra recomendación que dejó que es el de la Generación móvil para emergencias, que demostró ser efectivas en distintos países, explicó que “es la utilización de turbinas de gas aeroderivadas móviles, equipos de generación eléctrica de rápida activación que pueden instalarse temporalmente en puntos estratégicos del sistema. Estas turbinas, que pueden entrar en operación en menos de 30 minutos, se destacan por su flexibilidad y capacidad de aportar potencia de manera inmediata en momentos de alta demanda o fallas en la red. Además, su compatibilidad con gas natural y combustibles líquidos las convierte en una opción viable dentro del contexto energético argentino.
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Vamos por el lado de la construcción.
Tuvo fuerte respaldo el plan de 333 obras públicas que presentó el intendente Pablo Javkin en su discurso de apertura de la sesiones del Concejo.
Aldo Latucca, Marcelo Burgués, Franco Gagliardo, Mariano Schor y Gabriel Redolfi, entre otros empresarios del rubro, asistieron al acto y se retiraron satisfechos por la cantidad de obras y su distribución territorial
Además, concluyeron, que el impulso a la obra pública (que diferencia a Rosario y Santa Fe de Nación y otras provincial) llega justo para compensar el no buen momento que atraviesa la construcción de obras privadas, como venimos advirtiendo en esta columna dominguera.
No en vano, y lo dijo Javkin en su discurso, es notoria la cantidad de empresas que se presentan a las licitaciones públicas y el ahorro que, por competencia de precios, eso genera para las arcas públicas.
Sin ir más lejos, esta semana se abrieron los sobres para la licitación de pavimento definitivo en el barrio Lomas de Alberdi y se presentaron 4 ofertas por abajo del precio oficial presupuestado.
Los constructores, si bien aclaran que todavía hay que seguir profundizando y no se debe bajar la guardia, también valoraron los esfuerzos del Palacio de Los Leones en reducir la burocracia y los tiempos que insume el tramiterío para aprobar obras privadas, sobre todo grandes.
En ese sentido, Javkin anunció que en abril se implementará la primera prueba piloto con Inteligencia Artificial sobre el trámite de consulta de Indicadores Urbanísticos, una gestión que hacen quienes quieren construir o comprar una propiedad y que hoy demora entre 10 y 15 días.
"Bajará 90% el tiempo de respuesta. El paso siguiente será la simplificación del trámite de habilitaciones y la automatización del certificado LULA", anunció.
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Hablando de constructoras, las empresas locales se aprestan a competir por la construcción de la Arena en el Parque Independencia, que la Provincia financia y la Municipalidad licita de cara a los juegos Odesur 2026.
La apertura de los sobres con las ofertas en la licitación será en abril y hay varias compañías en conversaciones para armar UTEs, no porque sea una obra compleja sino para generar ofertas competitivas ya que se trata de una obra emblemática que tendrá Rosario y todos quieren dejar su sello distintivo.
El presupuesto oficial es de $12.024.826.966 y la obra tendría que estar lista en 12 meses,
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Vamos terminado. Y ya que hicimos referencia al acto en el Concejo protagonizado por Javkin, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, quien estuvo entre los asistentes, contó que coincidió con la sensación de abandono en materia de seguridad que expresó el intendente durante la pasada gestión peronista de la Provincia.
"Vivimos en carne propia la ausenciua. Lo sentímos. Se habían olvidado de la ciudad", comentaba bajando las escaleras del Palacio Vasallo.
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Y como a fuerza de iniciativas privadas y públicas, la ciudad parece estar dando vuelta la página de ese pasado reciente oscuro y agobiante, finalmente, vamos a cerrar este run run como nos gusta: repasando apuestas públicas y privadas que tiran para arriba la ciudad y la región. Inversiones públicas y negocios particulares que contribuyen a que Rosario siga recuperando el brillo perdido. Y, contra todo el escenario difícil de la economía, no son pocos los emprendedores, de todos los tamaños y sectores, que van por más.
1) Cuatro ofertas se presentaron para abrir un gimnasio top en la licitación municipal del ex Munich. Como novedad, la familia Imoffh es uno de los oferentes para un proyecto diferencial profesional.
También compiten por esa concesión un ofertente de la ciudad Santa Fe, el franquiciante local de la cadena Biggy Training Center
"La idea es adjudicar para finales de abril y que en mayo tomen posesión", dijo el secretario Gobierno, Sebastián Chale.
Además, se presentó una oferta en la licitación del negocio gastronómico del ex Munich.
"El oferente es un grupo que tiene El Social, entre otros locales gastronómicos en Pichincha, y tiene un proyecto de arquitectura muy interesante. Y lo que destacamos es que, además de tener buenos antecedentes en gastronomía, nunca se habían presentado para competir en una concesión municipal", completó.
2) El Concejo aprobó la construcción del complejo inmobiliario top que Fundar levantará en la manzana de la Aduana para engalanar esa zona de la Avenida Belgrano.
3) El grupo empresario integrado por Rodrigo Crous y Donald Loretto que hace algo más de un año compró la noventosa marca de ropa local Nasa Jeans avanza con el plan para reposicionar sus productos de la mano de la renovación y aperturas de nuevos locales, como el de la esquina de Roca y Córdoba que cortará cintas en abril.
¡Buen domingo!
