Las empresas ya no estarán obligadas a realizar aportes económicos a las cámaras empresarias que están incorporados en acuerdos colectivos, según un decreto que publicó el gobierno este miércoles en el Boletín Oficial.
Con esta resolución, el gobierno busca reducir el costo laboral de las empresas y espera una baja de precios. Y para legitimar la decisión se monta sobre críticas de empresas no adheridas a cámaras que se quejan de tener que abonar ese cargo, que financia la actividad de apoyo y capacitación de los asociados a las entidades empresarias, además de poner en un manto de duda el uso de esos recursos.
La medida, que hace tiempo que el gobierno venía madurando, representa un muy duro golpe a las entidades empresarias, ya que se quedan sin su principal fuente de financiamiento.
Por ejemplo, le pega a entidades locales como la Asociación Empresaria, la Federación Gremial y la Asociación de Industriales Metalúrgicos, y pone en virtual estado de default a cámaras más pequeñas del interior del país que subsisten con esos aportes. A nivel nacional, impacta en la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) y en la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).
Conocida la noticia, las entidades empresarias, entraron en alerta máxima por el fuerte impacto en sus ingresos y pone en aprieto la continuidad de las organizaciones. La decisión de ir a dar pelea a la Justicia ya está tomada, y por estas horas analizan la estrategia más conveniente.
Además, descreen que la quita de esos aportes se traduzca en un menor precio de venta de los productos.
Los dirigentes empresarios alertan también que al desfinanciar las cámaras y no los gremios los deja en desigualdad de condiciones frente a los sindicatos, que siguen siendo beneficiados por los aportes, por ejemplo en las discusiones paritarias.
Cuando en la previa al decreto, los empresarios le hicieron ese planteó al gobierno, la respuesta en off que recibieron es que, llegado el momento y cuando tengan garantías de que la Justicia no se los boche, irán por esa caja de los gremios.
Basta de aportes
Según el texto oficial, los aportes carecen de fundamento normativo, sobre todo porque eran exigidos incluso a empleadores que no están afiliados ni asociados a esas entidades. El decreto aclara que esta práctica no tiene sustento legal y que, por lo tanto, las cámaras no pueden exigir pagos compulsivos a quienes no son parte de sus estructuras.
“Las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”, señala en el primer artículo del decreto 149/2025.
A partir de la entrada en vigencia del decreto, estos pagos solo podrán realizarse de manera voluntaria. Es decir, las empresas que deseen seguir aportando a sus cámaras podrán hacerlo, pero sin imposición legal.
Además, el Gobierno anunció que no homologará nuevas negociaciones colectivas que incluyan este tipo de cláusulas, lo que implica un cambio en el criterio de interpretación de la ley de convenciones colectivas.
Según el Ejecutivo, esta reinterpretación busca alinearse con el principio de libertad de asociación, al entender que las cámaras solo representan a sus afiliados y no pueden extender su poder de recaudación a empresas que eligen no formar parte de ellas.
Caso testigo
Uno de los ejemplos más claros de este tipo de contribuciones obligatorias es el aporte al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap), contemplado en el convenio colectivo de comercio.
El Inacap es financiado por un aporte mensual obligatorio de los empleadores, equivalente al 0,50% del salario inicial de un trabajador encuadrado en la categoría Maestranza “A”. En marzo, este aporte asciende a $4.725,02 por cada empleado y se ajusta automáticamente cada vez que se actualiza la paritaria de comercio.
El monto lo paga el empleador y no se descuenta del sueldo del trabajador.
Actualmente, el sistema cubre a 1,2 millones de trabajadores registrados bajo el convenio de comercio, generando un flujo de recursos estimado en $5.600 millones por mes y cerca de $70.000 millones al año. Este es uno de los aportes que, con la publicación del decreto, dejaría de ser obligatorio.
El Inacap es gestionado por entidades gremiales empresarias como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que distribuye parte de los recursos entre cámaras sectoriales y regionales.
Según el gobierno, una de las principales críticas al esquema vigente es la falta de transparencia en la administración de esos fondos.
