Un tercer penitenciario quedó envuelto en el complot para asesinar al preso Agustín De la Encina Cappelletti, quien fue apuñalado en un pabellón de alto perfil de la cárcel de Piñero el 13 de enero, en un oscuro en el que aún abundan más preguntas que respuestas.
Este viernes, la fiscal de Homicidios Mariángeles Granato imputó al jefe de vigilancia Hernán Peralta, quien hace una semana fue señalado por sus subalternos Julián Aguirre y Gustavo Raimondi. Ambos habían sido imputados y puestos en prisión preventiva por haber facilitado el acceso a los reclusos que atacaron a De la Encina.
Los dos penitenciarios declararon que esa tarde abrieron las puertas y no intervinieron mientras el recluso era asesinado porque actuaban bajo órdenes de su superior y temían represalias.
Sin embargo, el juez Rodrigo Santana rechazó el pedido de prisión preventiva y dejó en libertad a Peralta, quien deberá cumplir una serie de reglas de conducta para mantenerse en esta condición.
Fatal incursión al crimen organizado
De la Encina estaba condenado a cuatro años de prisión por un caso menor de tráfico de drogas originado en 2021, tras su detención en el centro de Rosario.
Sin embargo, desde la cárcel sumó dos causas de mayor gravedad que lo vincularon con el crimen organizado. En una de ellas, fue acusado de ordenar el asesinato de una mujer que sobrevivió y lo señaló como el instigador del ataque. En la otra, se lo involucró en el tráfico de 30 kilos de cocaína que no llegó a “coronar”, ya que fueron incautados por la Policía Federal en San Pedro a mediados de 2024. Una pérdida valuada en más de 200 mil dólares.
Según el expediente federal, la droga pertenecía a Yanina Alvarado, hermana del capo narco Esteban Alvarado, quien también fue detenida.
Por razones poco claras, De la Encina, que había pasado gran parte de su encierro en la cárcel de Coronda, terminó en el pabellón 6 de la Unidad 11, considerado de peligrosidad intermedia. Allí, el Servicio Penitenciario había alojado a presos vinculados con la red criminal de Alvarado y con la de Claudio "Morocho" Mansilla. De hecho, un cuñado de este último había sido nombrado delegado del pabellón, según confiaron fuentes del caso.
Un plan criminal orquestado
La acusación describió "un plan criminal previamente orquestado, en el que tanto los penitenciarios como los autores materiales se distribuyeron distintas tareas para su concreción". La orden de matar a De la Encina, probablemente, vino desde fuera de la cárcel.
Según la fiscal Granato, Peralta, en su rol de jefe de vigilancia del pabellón, coordinó junto con los celadores Aguirre y Raimondi, además de internos aún no identificados, la ejecución del recluso.
A las 17.20, tras finalizar la jornada de visitas y con el pabellón abierto, dos internos atacaron a De la Encina con trompadas y facazos, obligándolo a ingresar a la celda de seguridad del mismo pabellón.
De acuerdo con la Fiscalía, el celador Aguirre dio inmediato aviso a Peralta, quien se presentó en el lugar y, aprovechando su jerarquía, ordenó a Raimondi abrir las puertas de seguridad de la celda, según consta en las filmaciones del episodio.
Raimondi luego abrió la puerta que da al patio externo del pabellón, permitiendo el ingreso de cuatro internos más, quienes continuaron la agresión. Segundos después, Raimondi dejó entreabierta la puerta del patio interno, que fue abierta completamente por Aguirre. Esto permitió el acceso de un gran número de reclusos, que atacaron a la víctima con golpes y armas punzocortantes antes de retirarse.
De la Encina fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde murió a las 19 debido a las heridas sufridas.
Peralta fue imputado por homicidio doblemente calificado, tanto por el concurso premeditado de dos o más personas como por abuso funcional, al tratarse de miembros del Servicio Penitenciario. Se lo señaló como instigador del crimen.
El juez Rodrigo Santana dio por formalizada la audiencia imputativa, pero rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. En su lugar, concedió la libertad a Peralta bajo reglas de conducta, entra las que figuran el pago de una fianza y la prohibición de contacto con colegas, excolegas y autoridades del Servicio Penitenciario.
