En el marco de la investigación al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, el Consejo de la Magistratura citó a declarar para el martes 5 de noviembre a la diputada provincial socialista Lionella Cattalini. La legisladora denunció penalmente al magistrado y cuestionó su actuación por “retrasar las investigaciones sobre el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado".

Cattalini acusó a Bailaque de no haber vehiculizado las pesquisas contra Alvarado desde 2013, a pesar de contar con información relevante como para actuar. “Durante el tiempo que se demoraron las investigaciones, Alvarado acumuló poder y provocó decenas de crímenes en nuestra ciudad. Por eso, necesitamos respuestas sobre por qué no se actuó a tiempo”, afirmó la diputada.

En abril de este año, la diputada solicitó al Consejo de la Magistratura un informe sobre el estado del expediente iniciado en 2022 por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. La insistencia está relacionada a que recién este año, el Consejo decidió abrir un sumario contra el Bailaque, pese a que dos años antes los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron al organismo nacional que investigara las razones que tuvo el magistrado para no avanzar con la evidencia que había contra Alvarado en la Justicia federal.

En agosto pasado, Cattalini presentó en la Justicia federal de Rosario y en el Consejo de la Magistratura de la Nación una denuncia formal contra Bailaque donde –además de cuestionar el proceder del juez– la diputada expuso una posible red de corrupción que vincularía a Bailaque con el contador Gabriel Mizzau, quien, además de manejar los balances de las empresas de Alvarado, también ocupaba el cargo de contador personal del juez.

Cattalini denunció también la contratación sin concurso de Sebastián Mizzau, hijo del contador, en el juzgado de Bailaque, quien recientemente fue ascendido al Tribunal Federal Oral N°3 de Rosario. “Es inadmisible que un juez federal comparta contador con el principal líder del narcotráfico en la provincia y contrate a su hijo en el juzgado. La lucha contra el narcotráfico requiere funcionarios judiciales íntegros y comprometidos”, sostuvo.