En la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA) revoluciona tanto a las economías a nivel global, como así también nuestras vidas en el día a día. Por ello, su potencial para promover la transformación digital del sector público, no es extraño a estos cambios que nos presenta la era contemporánea.
Definida desde una perspectiva general, la IA son sistemas basados en programas informáticos o incorporados a dispositivos físicos que muestran comportamientos que simulan la inteligencia humana.
De tal manera que dicha tecnología ofrece oportunidades significativas para mejorar la eficiencia, la calidad de los servicios públicos y la interacción con los ciudadanos, posicionándose como un componente esencial en el diseño y la implementación de políticas públicas innovadoras y efectivas.
En este contexto, el aprovechamiento de las capacidades de la IA es esencial para impulsar una transformación integral del sector público, que no solo aborde las necesidades actuales, sino que, también anticipe los desafíos futuros.
Al integrar soluciones basadas en IA, los gobiernos pueden mejorar la eficiencia operativa, aumentar la productividad y reducir los costos asociados a la prestación de servicios públicos.
Esta tecnología permite analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que facilita la formulación de políticas basadas en evidencia y la toma de decisiones informadas. De acuerdo al informe del 2024 de la organización para la cooperación y el desarrollo OECD AI, más de 60 países están desarrollando estrategias nacionales de inteligencia artificial, reconociendo que los desafíos y oportunidades asociados con esta tecnología trascienden las fronteras nacionales.
En este contexto, las naciones están adoptando cada vez más enfoques regionales para abordar de manera coordinada estos temas. Como por ejemplo, las acciones conjuntas en la unión europea, la unión africana, los estados nórdicos y bálticos, y las naciones árabes, así como dentro de los grupos internacionales como el G7 y el G20.
En particular, la UE estableció una serie de iniciativas y marcos regulatorios para fomentar la investigación, el desarrollo y la implementación de IA, promoviendo una estrategia unificada que fortalezca la competitividad y garantice la seguridad y la ética en el uso de esta tecnología.
A nivel global, el G7 y el G20 reconocieron la importancia de la IA en la economía mundial, promoviendo políticas que faciliten su adopción, al mismo tiempo que aborden cuestiones relacionadas con la ética, la privacidad y la seguridad, como por ejemplo, el discurso del Papa Francisco durante la sesión conjunta de la cumbre del G7, centrado en las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial.
El sumo pontífice expresó que "en un drama como el de los conflictos armados, es urgente replantearse el desarrollo y la utilización de dispositivos como las llamadas armas autónomas letales para prohibir su uso, empezando desde ya por un compromiso efectivo y concreto para introducir un control humano cada vez mayor y significativo".
La importancia de incorporar la inteligencia artificial en el sector público se refleja de manera prominente en la mayoría de las estrategias nacionales relativas a esta tecnología.
Los gobiernos reconocen que la IA es una herramienta clave para la innovación y la transformación del sector público. Para lo cual es prioridad redefinir la forma en que se diseñan políticas y servicios, a través del análisis de grandes volúmenes de datos que permiten identificar tendencias y patrones, que de otra manera serían difíciles de detectar.
En el ámbito de la salud, la IA permite un análisis más rápido y preciso de los datos médicos, facilitando diagnósticos tempranos y tratamientos personalizados.
En la educación, se emplean algoritmos de IA para personalizar el aprendizaje y mejorar los resultados educativos, adaptando los materiales y métodos a las necesidades individuales de los estudiantes.
En tanto para cosechar los beneficios de la IA en el sector público es imprescindible elaborar un enfoque responsable, fiable y centrado en el ser humano, que considere la ética de los datos, garantice la imparcialidad y la mitigación del sesgo, contemple la transparencia de los algoritmos, promueva la seguridad y protección digital, establezca mecanismos de rendición de cuentas, y garantice un enfoque inclusivo del usuario.
Además es fundamental liderar y elaborar estrategias en materia de datos; crear espacios para la experimentación; entender los problemas del sector público y el potencial de la IA para solucionarlos; y garantizar la preparación pensando en el futuro.
En relación a los antecedentes normativos de Argentina para el impulso de la inteligencia Artificial en el sector público, es posible citar el decreto N.º 733/18 de tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, para la utilización de motores de reglas e inteligencia artificial para automatizar la mayor cantidad posible de decisiones.
La resolución 90/2021 de la secretaría de asuntos estratégicos, que crea el programa de inteligencia artificial, posteriormente la disposición N.º 2/23 de la Subsecretaría de tecnologías aprueba las recomendaciones para una inteligencia artificial fiable.
La decisión administrativa N.º 750/23 crea la mesa interministerial sobre inteligencia artificial. Mediante resolución 111/2024 se crea el programa nacional integral de inteligencia artificial en la Justicia, que funciona bajo la órbita de la unidad de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia.
Dentro del Dossier legislativo del año 2024 se puede citar también, la ley 25467 que establece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, la ley 27506 régimen de promoción de la economía del conocimiento, la ley 25326 de protección integral de datos personales, la ley 27275, derecho de acceso a la información pública.
En la provincia de Santa Fe, la ley 14246 del 2024, establece el sistema de inteligencia artificial y análisis para prevención del delito, la ley 14.2567 del 2024, crea la unidad de gestión en materia de innovación pública y tecnología.
Los avances de la IA en el sector público demandan de una fuerte y urgente alfabetización digital de los distintos sujetos involucrados en la elaboración de las políticas públicas, junto con la creación de espacios de investigación y desarrollo que permitan avanzar en la adopción confiable y transparente de la IA en el Estado.
Bio Dra. Claudia Guardia: Abogada. MBA en dirección y gestión de empresas de industrias creativas y cultura. Postgrado en gestión cultural y comunicación. Técnica profesional en dirección y gestión de pymes. Especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y derechos conexos. Experta tasadora de obras de arte y pinturas. Postgrado en Fintech. Especialista en gestión de proyectos y gestión de riesgos. Especialista en blockchain, derecho y empresa. Maestrando propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Agente de la propiedad industrial. Presidente de la comisión de inteligencia artificial del Colegio de Abogados de Rosario. Secretaria del instituto de propiedad intelectual del Colegio de Abogados de Rosario. Cofundadora de estudio jurídico ArtPic Intellectual Property by Ferrari Guardia.
