En medio de una crisis por incumplimiento de deudas por milones de dólares y con el fin de la feria judicial, dos de las principales empresas del Grupo Los Grobo, uno de los grandes jugadores del negocio local del agro, se presentaron a concurso preventivo de acreedores.

Se trata de Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, que ya habían informado en diciembre a la Comisión Nacional de Valores que no iban a poder afrontar, al menos hasta marzo, deudas contraídas por medio de pagarés bursátiles.

“Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Los Grobo Agropecuaria S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que mediante reunión de Directorio celebrada el día 31 de enero del corriente año, se ha decidido solicitar la apertura del concurso preventivo de la Sociedad para posibilitar la continuación del negocio y el mantenimiento de la fuente de trabajo”, indicaron en un escueto comunicado. Y concluyeron: "En consecuencia, en el día de hoy, la Sociedad ha presentado la solicitud de apertura de concurso preventivo en sede judicial” 

"A partir de la presentación a concurso, las compañías van a seguir operativas y trabajando en una solución integral que ordene la situación del negocio y su capacidad financiera”.

En cartas enviadas a la Comisión Nacional de Valores, firmadas por Julieta Giogia (responsable de Relaciones con el Mercado de ambas firmas), las dos empresas argumentaron que la medida se tomó “para posibilitar la continuación del negocio y el mantenimiento de la fuente de trabajo”. 

“Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Agrofina S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que mediante reunión de Directorio celebrada el día 31 de enero del corriente año, se ha decidido solicitar la apertura del concurso preventivo de la Sociedad para posibilitar la continuación del negocio y el mantenimiento de la fuente de trabajo”, explicó Gioia.

Sancor, el mismo camino

SanCor presentó, oficialmente, la formación y apertura del concurso preventivo de acreedores, que por sorteo fue asignado al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, como parte del proceso destinado a resolver su situación económica y financiera. 

Tras atravesar una profunda crisis, la Cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas. Este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas. "Estas medidas permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba la Cooperativa", indicaron desde la empresa.

Con el paso del tiempo, SanCor evaluó diferentes alternativas y mantuvo negociaciones con un grupo empresarial interesado en desarrollar un fideicomiso que impulsara su recuperación. Sin embargo, luego de dos años, esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la Cooperativa. 

A fines de 2023 hasta agosto de 2024, SanCor por razones que son de público conocimiento, vio reducida sustancialmente su operatoria, afectando su recuperación. 

A pesar de este panorama, SanCor continuó dialogando con nuevos interlocutores interesados en participar del negocio, logrando progresos significativos en dichas gestiones. Sin embargo, antes de avanzar con cualquier iniciativa concreta, la Cooperativa debe resolver los problemas derivados de sus deudas y otras circunstancias que podrían frustrar futuras negociaciones. 

En este contexto, y con el objetivo de ofrecer una solución a todos los interesados, SanCor decidió dar este paso judicial. 

Aunque los resultados de esta medida no pueden preverse con certeza, la Cooperativa confía en que las partes involucradas llegarán a un entendimiento. Esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor.

Asimismo, en virtud de lo mencionado anteriormente, desde la firma reconocieron que se aplicarán todos los pasos determinados por los procedimientos que establece la justicia actuante.