El gobierno de la provincia aumentará los controles y las inspecciones en las nuevas urbanizaciones, tanto residenciales como industriales, para auditar el cumplimiento estricto de la normativa ambiental. Así lo dispone un decreto del gobernador Maximiliano Pullaro publicado este martes.
También se habilita la realización de Audiencias Públicas que convoque a los “potencialmente afectados o interesados en debatir aspectos que hacen al impacto ambiental de un proyecto o actividad y/o las acciones necesarias para prevenir o mitigar su impacto".
El decreto se suma al nuevo ordenamiento normativo y de gestión encarado por la actual administración que buscar ordenar el crecimiento urbano de las áreas metropolitanas de la provincia. Para eso viene tomando medidas de control y castigo, como la clausura de más de una docena de desarrollos urbanos que se estaban construyendo sin las debidas autorizaciones, y realizando mejoras burocráticas, como la creación de una "ventanilla única", que ordene, simplifique y agilice los trámites a realizar por parte de los empresarios para conseguir las autorizaciones para construir.
En ese contexto es que se publicó ahora el nuevo decreto, que también lleva la firma del ministro de Ambiente, Enrique Estévez. En líneas generales, se dispone simplificar trámites, agilizar evaluaciones con el objetivo de promover la producción y el empleo sin comprometer la sustentabilidad.
Un punto central es que el decreto traslada la responsabilidad ambiental a los titulares de las actividades, un tema no menor en lo que hace al compromiso jurídico de los empresarios ante las implicaciones que puedan tener sus desarrollos. Y el otro punto fundamental, conectado con el anterior, es que prioriza en la gestión la realización de auditorías territoriales sobre el análisis documental.
"Se pretende promover un cambio de paradigma en materia de otorgamiento de permisos ambientales que tiendan a la simplificación de los trámites en cuanto a los requisitos solicitados a los particulares como así también agilizar los procesos de evaluación promoviendo la producción y el empleo sin perder de vista la sustentabilidad. El nuevo paradigma plantea que el titular y/o responsable de una actividad económica desarrolle la misma cumpliendo el mandato de no causar daños a los ecosistemas y recursos ambientales y, que el cumplimiento de dicho deber no dependa del control de un Estado omnipresente, configurándose como una responsabilidad y obligación que le es propia e ineludible", dice los considerandos del decreto
"Conforme al esquema normativo y procedimental vigente, la responsabilidad está invertida, porque el esfuerzo de las áreas técnicas se concentra en el análisis documental y no en la auditoría territorial, dado que la complejidad de los requisitos y análisis técnicos ambientales en la situación vigente demanda tiempos y recursos excesivos, sumado al hecho que la vigencia de los certificados ambientales es exigua para una inversión, cuya vida útil supera los 30 o 40 años", se dice.
En el decreto además se instrumenta un nuevo nomenclador de actividades económicas con su precategorización de riesgo ambiental, creando a la vez nuevas categorías de permisos ambientales para proyectos y actividades en funcionamiento.
Ahora, en el Ministerio de Ambiente trabajan en la reglamentación de la norma, que detallará y hará operativos todos los cambios dispuestos en el decreto.
