Mariana Ortigala, la corredora inmobiliaria vinculada con Los Monos que se encuentra presa por extorsiones, sumó cargos por estafa con relación a un chalet de Funes del que se apropió mediante la defraudación al dueño, un hombre mayor con el que –según la investigación– fingió una amistad y llegó a visitar asiduamente en un geriátrico, con el objetivo de que suscriba el boleto de compraventa.
Ortigala vivió en el domicilio apropiado luego de que intentaran matarla a tiros en Roldán a comienzos de 2020, puesto que conocía a los herederos de la propiedad de Funes, que incluso le dejaron hacer refacciones. Pero de un día para el otro, estos se anoticiaron que la casa ya no estaba a su nombre. Tiempo después, a fines de 2023, en el mismo inmueble fue detenida Vanesa Barrios, la esposa del jefe de Los Monos Ariel “Guille” Cantero, ya que allí cumplía prisión domiciliaria y le alquilaba la propiedad a Ortigala.
Rodolfo Sebastián Felipe, pareja de Ortigala, ya preso por otras causas, también fue imputado este miércoles ante la jueza María Trinidad Chiabrera.
Los fiscales César Pierantoni, Federico Rébola y Juliana González le atribuyeron haber llamado hace un año a una prima del propietario de la casa (por entonces ya fallecido), la heredera en cuestión, y amenazarla para que “dejara de investigar” el fraude.
“La casa es mía, te voy a matar, te voy a cagar a tiros”, aseguran que dijo Felipe, sin identificarse.
La causa tiene su origen el año pasado por una denuncia de una prima de Marcelo “Tati” Rodríguez, el antiguo dueño de la propiedad, fallecido en noviembre de 2021, ante la Fiscalía de Delitos Complejos.
Felipe siguió el trámite desde el penal de Coronda y Ortigala desde la Cárcel de Mujeres. Tras cuatro horas de audiencia, la jueza le dio la derecha a la Fiscalía y dictó prisión preventiva por el plazo de ley para Ortigala por estafa, falsedad ideológica de documento público y privado y uso de documento privado falso y público falso. Y amenazas para Felipe.
Una de las tantas declaraciones que hizo la damnificada, heredera del hombre fallecido, señaló: "Hace aproximadamente 10 años –dijo la denunciante– conocí a Ortigala porque era pareja de mi ahijado. Ellos se pelearon, pero yo quedé con muy buena relación con ella. Yo tenía un primo, Marcelo "Tati" Rodríguez, que tenía serios problemas de salud. Yo lo tenía a mi cargo, tuvo varias operaciones, perdió sus dos piernas. Tati me puso a mí y a mi sobrino B.D.N. en su testamento. Cuando yo ya no pude asistirlo más, lo interné en un geriátrico, un tiempo antes de la pandemia. La casa de él, que por testamento iba a ser de nosotros, quedó vacía. Se debían impuestos, estaba un poco abandonada, y puse todo al día. Un día Mariana me cuenta que tenía que mudarse porque la habían baleado [sobrevivió un intento de ejecución en marzo de 2020]. Esto fue en pandemia. Ella se fue a vivir a la casa con su exmarido. Ellos arreglaron la casa, decían que la querían comprar".
"Mientras tanto mi primo seguía en el geriátrico y Mariana con su pareja empezaron a visitarlo. Mi primo tenía diabetes y le llevaban dulces. Hasta que mi primo murió. Mariana seguía en esa casa. El año pasado [2022] decido hacer la sucesión de mi primo y ahí descubrimos que la casa de calle Alberdi había sido «vendida» en 2021 por mi primo a Ortigala. Eso era imposible (...)".
Los fiscales imputaron a Ortigala de “haber defraudado mediante abuso de confianza, ardid y engaño al fallecido Marcelo Rodríguez, habiéndolo convencido de que le pagaría 250 mil por la venta del inmueble de Alberdi al 1400, confianza que se ganó al haber comenzado a acercarse a su persona desde mediados del año concurriendo a visitarlo primeramente a su domicilio, y luego en 2020 al Geriátrico Edad Dorada de Roldán, donde lo visitaba asiduamente junto con su pareja”.
“Todo con la clara finalidad de simular amistad, y así convencerlo a este a suscribir el boleto de compraventa por la venta-cesión por tracto abreviado del inmueble”, es decir, que se inscriba en el Registro de la Propiedad al que lo compra sin que pase por los herederos.
Para la Fiscalía, Ortigala dejó asentado en documentos legales el pago en efectivo de 2.2 millones de pesos, que nunca abonó. Y pocos meses antes del fallecimiento de Rodríguez, la mujer logró que este suscribiera la escritura de compra ante el escribano Cristian M., cuya oficina está en Maipú al 523, estudio que hace un año fue allanado cuando los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca –corridos de la causa tras denunciar a su par Edery– investigaban el universo de propiedades de Ortigala.
