Dos cuidacoches que operaban en barrio Martin quedaron en prisión preventiva por haber amenazado a un hombre al que le exigieron dinero para estacionar su vehículo. La imputación se suma a otras recientes relacionadas con el mismo delito, ya sea por amenazas o extorsión. Y se da en medio de una discusión por el control del espacio público, y las constantes demoras de personas en situación de calle que no pueden acreditar identidad al momento de ser identificadas. Todo en el marco de una profunda crisis económica y social que, reconocen, volcó a cada vez más hombres y mujeres a esta actividad.
De acuerdo con voceros policiales y judiciales, la secuencia que motivó el arresto de los cuidacoches tuvo lugar el 4 de septiembre en 1º de Mayo al 1400, a las 19.15. Un hombre denunció que cuando estacionó, se le abalanzaron dos trapitos que en forma intimidante empezaron a pedir plata. El automovilista no cedió al apriete y pronto llamó al 911.
Los efectivos de la Brigada Motorizada dijeron que, a su arribo, vieron a dos “encapuchados” intentando agredir a la víctima. En ese marco, aprehendieron a Fernando Antonio V. (37) y Roberto Ramón V. (40), quienes fueron imputados por la fiscal Brenda Debiasi.
El juez Gonzalo Fernández Bussy dio por formalizada la audiencia imputativa, e impuso prisión preventiva para los imputados por extorsión y amenazas por el plazo de 90 días.
En las últimas semanas, la Justicia penal avanzó contra algunos cuidacoches que fueron denunciados por operar en forma prepotente y hasta empleando violencia contra automovilistas que no dieron el brazo a torcer al momento de abonar la tarifa informal.
Por caso, el miércoles 28 de agosto, el juez Pablo Pinto dejó en prisión preventiva a un trapito que golpeó a un hombre en Oroño al 200 tras una fuerte discusión.
Hace una semana, efectivos de Motorizada trasladaron a la Comisaría 2ª a Matías E., quien fue denunciado por imponer una tarifa de 3 mil pesos para estacionar en un pool de Ovidio Lagos y Güemes.
A mediados de agosto, el secretario de Control Municipal, Diego Herrera, dijo que el personal a su cargo había participado de 17 cuidacoches involucrados en situaciones violentas. O por pedidos de captura vigentes que surgen al momento de la identificación. De todas maneras, el funcionario reconoció que por la crisis económica y social que afecta a la Argentina, el número de trapitos en las calles de la ciudad aumentó considerablemente.
El viernes pasado, el juez penal Rafael Coria falló en torno de un hábeas corpus colectivo presentado por la defensa pública que fue interpuesto ante una ola de traslados a comisarías de personas que no pudieron acreditar su identidad al momento de ser identificados, entre las que se encuentran, en gran parte, trapitos o carreros. Para los defensores públicos, semejante accionar policial es inconstitucional, selectivo y discriminatorio. Pero el magistrado rechazó el planteo de inconstitucionalidad.
Sin embargo, Coria pidió que se evalúe la implementación de tecnología que permita la identificación en el lugar sin la necesidad del traslado a dependencias policiales. Y pidió que la provincia articule con el municipio acciones de carácter asistencial para las personas que se encuentran en situación de calle. Como, por ejemplo, la tramitación del DNI.
