Si bien el presidente Javier Milei endurece cada día más su discurso contra legisladores y gobernadores, la Casa Rosada reabrió canales de diálogo con las provincias en busca de un objetivo de mínima, garantizarse que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70-2023 pase el filtro del Congreso, y uno de máxima explicitado este lunes por el ministro de Economía, Luis Caputo: que se retome el tratamiento de la ley ómnibus caída hace dos semanas, durante el tratamiento en particular en la Cámara de Diputados.
Pero no todas las provincias fueron convocadas a negociar. “Hasta ahora nadie nos llamó”, admitieron fuentes de la Gobernación santafesina. Maximiliano Pullaro, luego del fracaso del tratamiento en particular de la ley ómnibus había sido uno de los apuntados por Javier Milei. El otro que quedó en la amplia mira presidencial es el cordobés Martín Llaryora.
En el caso de Pullaro, su principal intervención en las negociaciones por el megaproyecto caído había sido contra el aumento de las retenciones, una medida que afectaba al corazón de la producción santafesina. Él y Llaryora fueron incluidos en el grupo de “traidores” a los que el jefe del Estado responsabilizó por el fracaso del trámite parlamentario.
Sin embargo, luego del ataque presidencial, la actitud del peronista cordobés y del radical santafesino fueron distintas. Mientras Llaryora subió la apuesta ante los cuestionamientos de Milei, al punto de señalar la semana pasada en Radio 2 que el proceso político que encabeza es “fascista”, Pullaro ratificó su defensa de la producción santafesina pero a la vez intentó alejarse de la línea de fuego y retirarse de la escena de los medios nacionales que tanto ocupó en los últimos días de enero y los primeros de febrero.
Por ahora eso no alcanzó para que el gobierno nacional incluya a Santa Fe entre las provincias con las cuales empieza a negociar, después de castigar a todas por igual con la caída de los subsidios para el transporte, el fondo de incentivo docente, las obras públicas y toda otra partida que no fuera la que se gira automáticamente por coparticipación de impuestos.
Pero cerca de Pullaro no desesperan. Entienden que la pelea es el terreno en el que Milei se siente cómodo y el lugar desde donde construye su lazo con el electorado. Pero también que cuando el realismo político entra a escena es capaz de volver sus pasos y buscar el abrazo, como pasó con el Papa Francisco o con su ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
De hecho, en el discurso de la Casa Rosada, cuando hoy se nombra al enemigo, se menciona a Llaryora pero ya no a Pullaro. Y está claro que el gobierno nacional busca meter una cuña entre los gobernadores, porque entiende que no es un bloque granítico.
La foto de MIlei este lunes en Corrientes con el gobernador Gustavo Valdés puede tomarse como un mensaje en ese sentido. Lo mismo que la que se sacará este martes el ministro del Interior, Guillermo Francos, con un grupo de mandatarios del norte en la provincia de Salta.
Pullaro, a su vez, tiene mucha cercanía con el entrerriano Rogelio Frigerio, que mantiene un buen vínculo con la Casa Rosada. Eso le podría jugar a favor para ser parte de una nueva etapa de diálogo con Nación. Pero acaso también irrite a Milei su pertenencia al sector del radicalismo de Martín Lousteau, uno de los dirigentes de la UCR que más ha cuestionado a este presidente incapaz de soportar ni siquiera un matiz crítico.
La otra cuestión es la de las retenciones: el mandatario santafesino deja en claro cada vez que puede que no está dispuesto a ceder en ese tema y es evidente que se trata de una caja que al gobierno nacional le apetece.
A diferencia de Pullaro, el tambien radical Valdés -que además de recibir a Milei en el aeropuerto y sentarse a escucharlo entre el público que asistió al club libertario correntino en el que habló- pertenece, junto al mendocino Alfredo Cornejo, al grupo más gobierno friendly de la UCR.
En la Casa Rosada el discurso es claro, como los gestos: no todos los gobernadores son iguales. Aunque hasta ahora los haya castigado a todos por igual.
Fue su forma de procesar el fracaso de la ley ómnibus: con el látigo. Y si bien se mantiene firme en que no habrá marcha atrás ni con la caída del subsidio al transporte y ni con la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, empieza a dar señales de distensión, aunque sin soltar el látigo.
En esa lógica hay que leer las declaraciones de Caputo al canal de La Nación, donde adelantó que el gobierno nacional está dispuesto a negociar un acuerdo fiscal con los gobernadores, aunque con la condición de que los gobernadores se encolumnen sin chistar detrás de la ley Bases.
¿Por qué el gobierno volvería a la carga con la megaley si dijo que la motosierra y la licuadora funcionan sin ella, y los fondos fiduciarios los empezó a eliminar por decreto?
Porque entiende que con su reacción firme ya debilitó resistencias, porque sería una victoria política importante como para demostrar que va en camino de construir una nueva mayoría y porque si el superávit fiscal solo está hecho de pérdida de poder adquisitivo de jubilados y trabajadores tarde o temprano perderá el apoyo de al menos parte de su base electoral. En un tiempo en que no hay plata, la ley ómnibus incluía, entre tantas cosas, una pata clave del proyecto de Milei para que ingresen dólares y que aún no pudo ponerse en marcha: las privatizaciones.
