A minutos de las doce de este sábado, un nuevo crimen sacudió a Rosario. Un joven playero de una estación de servicios fue asesinado a balazos y en el lugar, Mendoza al 7600, dejaron una nota amenazante contra el gobierno provincial con relación a la situación de los presos en las cárceles santafesinas. Se suma a los brutales y crueles ataques que se dieron en la última semana –el ataque al colectivo con efectivos del Servicio Penitenciario, el intento de homicidio del chofer de la línea K y los crímenes de dos taxistas–. La respuesta estatal fue sustancialmente diferente a otros hechos del pasado reciente, como fue la larga saga de balaceras contra sedes judiciales, policiales y viviendas de magistrados, el crimen de Jimi Altamirano, las amenazas al gobernador y su familia, el atentado fallido contra la clientela de un bar en zona norte o el asesinato del chofer de la línea 116 el 3 de diciembre pasado en barrio Belgrano.
La primera diferencia es que hubo una secuencia de atentados, pero no de balaceras como en otras oportunidades, sino de crímenes destinados a paralizar la ciudad. Hay una posible motivación que responde a una lógica elemental: si alguien sube el escalón de violencia es porque ya no encuentra la respuesta que pretende aplicando el nivel de violencia que ejercía hasta ahora, que de por sí era atroz. Esa necesidad de incrementarla, ¿demuestra que efectivamente tocaron donde había que tocar? ¿Debe leerse como una reacción desesperada y hasta de debilitamiento?
El otro dato significativo fue la contrarreacción del Estado. Pullaro se puso al frente y lideró la crisis, a diferencia de cuando mataron al chofer de la línea 116, que para el Estado fue un crimen más y el exgobernador Omar Perotti brilló por su ausencia.
Reunió a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las municipales y a los representantes de Seguridad de la Nación, mientras el ministro Pablo Cococcioni puso la Policía a rastrear el territorio. Otra cosa que cambió: no fue una mesa para la foto (de hecho no hubo) sino de análisis y coordinación. Por un lado la investigación en sí; por el otro el manejo de una ciudad atemorizada y sin transporte público.
También aparecieron los primeros datos concretos. Hay 19 personas detenidas con indicios de haber participado de los “actos de terrorismo”, tal el léxico que comparten Nación y Provincia. En esto de salir a patear puertas se corta ancho, por lo que la Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de verificar, puntillosamente, el respaldo incriminatorio en cada caso.
En las próximas horas, una vez que se termine de extraer el contenido de los celulares secuestrados, y verificado si la moto hallada es la que se usó en el ataque al colectivero, se empezará a tirar del hilo para llegar a la celda carcelaria, desde la que se cree, se planificaron los ataques.
Hay una tercera diferencia con crisis anteriores. Esta vez el llamado desde Santa Fe al gobierno nacional para sumar agentes federales fue un elemento más y no la excusa para huir hacia adelante ante la impotencia propia.
Pullaro habló la tarde-noche del jueves con los ministros nacionales de Interior, Seguridad, jefe de Gabinete y con el asesor Santiago Caputo para ponerlos al tanto. Como contó Rosario3, Bullrich le dio el ok de inmediato y le sugirió que pidiera formalmente los refuerzos federales y citara el artículo 27 de la ley de seguridad interior para incluir apoyo de las fuerzas armadas.
Sin embargo, no estaría dando resultando la estrategia del ministro de Defensa Luis Petri de dejarse crecer el bigotito castrense para que los militares lo vean como uno de ellos. Recibió un no rotundo cuando les propuso a los jefes de las Fuerzas Armadas venir a Rosario a dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Todo lo que hicieron fue prestarle las llaves de 150 camionetas y camiones para que gendarmes y policías federales puedan desplazarse.
Al enterarse de la negativa, Bullrich bramó contra Petri y los jefes de las fuerzas armadas. No se ahorró (des)califitivos. Para ella era la oportunidad de poner a los militares en la calle, propuesta con la que polemizó buena parte de la campaña presidencial. Por ahora deberá conformarse con la dación de vehículos prestados, a diferencia de cuando gobernaba el peronismo y las fuerzas armadas se movilizaron a las fronteras para asistir a la Gendarmería.
Las batallas del momento
El gobierno provincial no tiene dudas que los ataques fueron una reacción a su política carcelaria, a la reimposición de un régimen de alto perfil sobre unos 200 presos de los 11 mil que tiene el sistema, y en particular sobre los 60 o 70 más peligrosos. Consiste en un confinamiento exhaustivo, reducción a la mínima expresión de contactos con el exterior y con otros presos, y la vigilancia directa y total cuando estos se permiten.
El convencimiento de que el único camino para bajar la violencia es el ajuste total de las rutinas carcelarias, incluso jugando al fleje en materia de garantías, se basa en cuestiones empíricas. Innumerables investigaciones judiciales probaron que la mayoría de los crímenes se ordenan desde la cárcel.
La reducción de homicidios en estos primeros tres meses, si bien es un dato muy parcial y puede durar lo que un pestañeo, apuntala la hipótesis del gobierno: el control de la cárcel reduce la violencia letal en las calles de forma directamente proporcional. Por eso el ministro de Seguridad Pablo Coccocioni salió para adelante el viernes a la mañana, con un mensaje sin dobles lecturas: “No vamos a sentarnos a la ranchada a negociar”, dijo en jerga carcelaria para que todos lo entiendan, al tiempo que prometió a los presos de alto perfil que “cada vez la van a pasar peor”.
Cococcioni y Pullaro creen que están en medio del río y que no hay vuelta atrás (además ¿a dónde volver?) a pesar de que hechos como los ocurridos en la semana tienen el propósito de obligarlos a retroceder por medio del pánico social y lastimando el consenso social sobre las duras políticas carcelarias.
Aquí aparece la segunda dimensión de la lucha contra la violencia narcocriminal. La primera se da en las cárceles y la calle contra los actores criminales; la segunda es el cuidado del consenso social que hace posible llevarlas a cabo.
El gobierno le toma el pulso a ese consenso de forma permanente, no de forma intuitiva sino con encuestas y estudios sociales. Asegura que el nivel de aprobación se mantiene alto en estos tres meses de gestión.
Confiado en ese registro, pero también habilitado por el clima de época, el agobio social y los fracasos del pasado, comunicó en palabras que no retrocerá “ni un milímetro” y lo refrendó con la difusión de imágenes de la cárcel de Piñero con presos semidesnudos, cabeza gacha, esposados y sentados en filas. La recreación de las fotos de las cárceles del salvadoreño Nayib Bukele de las que habla el mundo y que levantaron advertencias de organismos internacionales.
Muy pocas horas después de la difusión de esas imágenes mataron al primero de los taxistas, lo que de inmediato se interpretó como una respuesta “a la provocación” de la plana mayor del gobierno. Luego esa hipótesis, muy tentadora por lo lineal y el vínculo causa-efecto que supone, se expandió a los medios nacionales cuando al día siguiente mataron al segundo taxista.
La Casa Gris dice que los hechos desmienten esa interpretación, porque el ataque al colectivo de los penitenciarios ocurrió el sábado, cuatro días antes de las fotos; y el crimen del primer taxista se da un puñado de horas más tarde, lo que no deja tiempo de planificación. Para el gobierno es la prueba de que las fotos no tuvieron nada que ver.
Es difícil imaginar que una banda narco sale a matar gente por sentirse ofendida o humillada por la explícita provocación de los funcionarios. No es concluyente, pero la lógica indica que la perpetración de esos atentados persigue objetivos más concretos y materiales, es decir mejorar las condiciones de vida en la cárcel y revertir la imposibilidad de controlar desde el encierro a su gente, el territorio y los negocios que les garantizan bienestar a ellos rejas adentro y a sus familiares y subordinados afuera.
Aun así, las fotos suponen un error y un problema, porque el gobierno aparece en la interpretación pública (sea una interpretación acertada o no) como responsable de una provocación que tuvo consecuencias. A decir verdad, claro que es responsable de una reacción, pero no a causa de una provocación inconducente como son las fotos, sino por la política de control de las cárceles que está llevando adelante. Política que era necesaria y urgente, pero que un sobregiro en la respuesta simbólica puede poner en entredicho.
Las fotos como elemento propagandístico que busca consolidar ese consenso social en determinado público, también habilitan un debate sobre la política de exponer cuerpos dominados por la fuerza, la necesidad de humillación pública, alimentar sentimientos de venganza. No es el punto aquí ese análisis, pero a los fines prácticos de los objetivos que se buscan, esquivar todo aquello interpretable como una provocación pareciera lo más aconsejable.
Esta historia continuará
El gobernador Pullaro responde con otra pregunta cuando le preguntan sobre el impacto social de los crímenes de los taxistas y el ataque al colectivero: “El camino puede ser doloroso pero ¿cuál era la alternativa? –insiste–. El gobierno anterior acordó y terminaron con récord de 290 muertos.
Más presencia en las calles, más controles en las cárceles e inteligencia criminal. Esa es parte de la hoja ruta.
Hace cinco meses en esta columna dominical se contó de los reproches y críticas del núcleo duro del pullarismo al funcionamiento de jueces penales y fiscales. Hoy reconoce cambios, dice sentirse acompañado en el rumbo que marcó la política, a diferencia de cuando era ministro de Seguridad y había un permanente choque de criterios con los jueces.
Va por una serie de reformas del Código Procesal Penal que la Legislatura trabaja en detalle desde diciembre. Son cambios inspirados en la praxis concreta de la calle y la obsesión del pullarismo por recuperar el control de la calle, si es necesario jugando al límite con las garantías, como ya ocurre dentro de las cárceles. En esa línea se inscribe, por ejemplo, la intención de clarificar y ampliar los plazos de detención sin imputación, aunque para los fiscales no sea una necesidad.
El de Pullaro es un gobierno que va a mil, no está dispuesto a entretenerse en grandes reformas de las fuerzas de seguridad que le consuman esfuerzo y tiempo como le piden sectores de la oposición y, curiosamente, desde el gobierno nacional. Esta dispuesto a dar la pelea con estas fuerzas de seguridad, con mierda incluida y todo. El tiempo dirá si se trató de un exceso de confianza o acertó en el camino elegido.
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