La Cámara Argentina Fintech manifiesta su preocupación por el impacto de la persistente y creciente presión tributaria sobre la industria tecnológica y nanciera en el país. La decisión de ciertas Provincias y áreas técnicas de la Administración Nacional de incrementar impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos o los Débitos y Créditos (IDC) sobre flujos de fondos de terceros, representa un cepo para el desarrollo.

"Hoy día, el único freno a la digitalización de la economía es el peso fiscal que se aplica sobre las personas y comercios que optan por pagar o cobrar con medios electrónicos", indicó la entidad en un comunicado. "Las herramientas existentes, disponibilizadas por múltiples actores del sistema financiero tecnológico, han demostrado ser accesibles, de uso sencillo y de adopción masiva. No es un tema de disponibilidad ni capacidad de uso, sino de viabilidad ante la carga tributaria", señaló.

Impacto de las medidas

1. Encarecimiento de los servicios financieros y de pago para comerciantes y consumidores.

2. Incremento en el costo del crédito, lo que afecta directamente la capacidad de emprendedores y PyMEs de acceder a financiamiento.

3. Pérdida de competitividad de las jurisdicciones, desalentando inversiones y dicultando la generación de empleo en sectores estratégicos.

4. Riesgo para la sostenibilidad de empresas tecnológicas que han realizado importantes inversiones en innovación y desarrollo.

En un contexto donde el ecosistema fintech ha demostrado ser una herramienta clave para la formalización de la economía, la presión fiscal desproporcionada es un retroceso frente a los avances logrados en inclusión nanciera. Los gravámenes aplicados sobre saldos o facturación —sin considerar los márgenes operativos— no solo son regresivos, sino que desincentivan la digitalización de la economía.

Distorsivos y voraces

Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo y voraz, dado que se tributa sobre los montos facturados y no sobre la utilidad. Esto signica que una empresa, aunque perdiera dinero, debe pagarlo. En los últimos meses, algunas Provincias optaron por subir alícuotas para sumar más presión impositiva, que en algunos casos llegan al conscatorio 16,5%.

En lo que respecta al IDC, actualmente el Decreto 796/2021 limita las exenciones al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para operaciones relacionadas con activos virtuales, lo que genera una desigualdad de condiciones entre éstos y el resto de los actores del sistema nanciero, y una presión por encima de la capacidad contributiva de muchas de las compañías. Esta situación también afecta a ciertas empresas vinculadas a recaudación por cuenta y orden de terceros.

Para el caso de los Proveedores de Activos Virtuales (PSAV), también conocidos como “crypto exchanges”, esta discriminación se suma a que, en los últimos meses, debieron asumir mayores costos operativos y administrativos al ser incorporados como sujetos regulados la Unidad de Información Financiera (UIF) y registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El compromiso de esta industria es continuar siendo un motor de transformación y progreso para el país, siempre desde un enfoque colaborativo y constructivo. Para ello es indispensable la articulación público-privada para visibilizar estas realidades y acordar esquemas que favorezcan la innovación, la competitividad y el desarrollo del sector.

"La Cámara Argentina Fintech hace un llamado a las autoridades de todos los niveles a trabajar en conjunto para reducir la presión tributaria sobre las personas y comercios para favorecer la competencia, la inversión y el crecimiento sostenible de la economía de nuestro país", concluyeron desde la entidad.