Santa Fe ingresa hoy en una semana que puede ser histórica si, como todo indica, entre jueves y viernes la Legislatura sanciona la ley de necesidad de la reforma de la Constitución provincial y salda una cuenta pendiente que tiene 30 años.
Radicales y socialistas, principales accionistas del oficialismo santafesino, negocian en sigilo los alcances del proyecto de reforma. El paquete de artículos y temas a reformar aún está abierto, especialmente para facilitar las negociaciones con el peronismo y bloques unipersonales. En tanto, el Frente Amplio por la Soberanía ya confirmó que dos de sus tres bancas acompañarán la reforma.
El oficialismo no pidió preferencia para tratar el tema esta semana, ya que si tiene dos tercios para habilitar la reforma los tiene para habilitar su tratamiento sobre tablas en cualquiera de las dos sesiones convocadas. Un dato: diferencia de las demás leyes, una reforma constitucional requiere mayoría especial en general y en cada artículo en particular, por lo tanto el nivel de consenso es más exigente que en cualquier otra ley.
Superlunes
Este lunes se sucederán dos hechos muy relevantes para lo que pueda ocurrir entre jueves y viernes. La reunión de los partidos de Unidos en Rosario y, por sobre todo, la convocatoria del Partido Justicialista a sus legisladores y del Frente Renovador.
Los distintos sectores del peronismo descuentan que el bloque que lidera el exgobernador Omar Perotti tiene un preacuerdo con el oficialismo para acompañar la reforma. Por lo tanto hay quienes leen la convocatoria a la sede de PJ como un intento por encuadrar al rafaelino, o de lo contrario que quede expuesto en su decisión de “cortarse solo y ayudar” al gobierno de Maximiliano Pullaro a sacar la reforma constitucional.
Otros interpretan la convocatoria como una señal de predisposición del PJ a conversar con la Casa Gris. Hace una semana la diputada Alejandra Rodenas reprochó que la Casa Gris no haya convocado al partido para tratar la reforma judicial que el perottismo apoyó.
No hay que olvidar que la manija formal del partido la tienen los senadores, a los que el oficialismo no necesita ni convocó para lograr las mayorías especiales que requiere una reforma de la Constitución, porque por sí mismo puede garantizarse dos tercios y más en la Cámara alta.
La posición que adopte el peronismo –apoyar la reforma si se garantizan determinadas condiciones, rechazarla de plano, o dar libertad de acción a cada sector– servirá para que el oficialismo le dé las puntadas finales al proyecto de ley. De todos modos, las señales que manda Unidos es que ya tiene los 6 votos en Diputados que le faltaban para llegar a los 34 necesarios, y que lo que está en definición es la amplitud del apoyo político-institucional. Los más optimistas parten de que en la Cámara baja ya hay 37 votos asegurados de 50 (la presidenta del cuerpo también vota) y 15 de 19 en el Senado.
El peronismo está en una encrucijada, porque el oficialismo considera eliminar las primarias para la elección de constituyentes. Sin esa instancia para dirimir la conformación de listas, debería habilitar una suerte de sistema de neolemas para que cada sector compita con el sello electoral que quiera o pueda. Tampoco hay que descartar que aún con las Paso algún sector prefiera ir por afuera.
El peronismo tiene nueve bancas en Diputados que definirán la posición sobre la reforma constitucional. El perottismo controla cinco y el resto son unipersonales: Verónica Baró Graf del Frente Renovador, la exvicegobernadora Alejandra Rodenas (alineada con los senadores del PJ), Lucila De Ponti del Movimiento Evita y Miguel Rabbia, del sector del senador nacional Marcelo Lewandowski.
La reforma tiene también asegurado el apoyo de dos de las tres bancas del Frente Amplio por la Soberanía. Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver, que históricamente fueron reformistas, votarán a favor, mientras Carlos Del Frade la rechazará. El rosarino entiende que se está armando un Pacto de Olivos a la santafesina, y por otra parte que “el gobierno provincial cruzó límites con la detención de maestros” tras los incidentes en la Legislatura por la reforma previsional y con “los pedidos de DNI a los chicos de escuelas secundarias”. Del Frade aseguró que la integración del bloque no está en riesgo, y que la diversidad de opiniones y posiciones es un activo y no un motivo de ruptura.
El bloque de seis bancas que lidera Amalia Granata hace rato plantó rechazo a la reforma, aunque el diputado Omar Paredes no comparte esa posición. Si esta semana no vota a favor es porque estará ausente por viaje. Hubo dudas también sobre Edgardo Porfiri, pero Granata confía en que finalmente se alineará.
En la semana el portal Letra P dio a conocer un dato que es para anotar. Su relevancia o no en el mapa electoral de la provincia es imposible de anticipar, pero lo cierto es que la semana pasada Amalia Granata y el presidente Milei “se amigaron” después de haber roto relaciones hace tiempo. Los artífices de esa comunicación fueron el esposo de la diputada, Leonardo Squarzon, y el asesor presidencial Santiago Caputo, sin intervención de Karina Milei, que empoderó como la referente de LLA en la provincia a la diputada Romina Diez.
Granata y La Libertad Avanza tienen un punto en común: rechazan cualquier instancia de reforma constitucional y apuestan a capitalizar el discurso opositor. “Si esto el día de mañana deriva en una alianza electoral imposible saberlo; Granata y Miei son dos personalidades jodidas y no es fácil que vuelvan atrás cuando te hicieron la cruz. Que volvieran a hablarse ya es un montón”, dicen en el bloque de Granata.
El juez que "Baila"
El jueves pasado, en un hecho sin antecedentes en Rosario, un juez federal sobre el que desde hace años sobrevuelan rumores y desconfianzas tuvo que presentarse en audiencia para mirar a un colega desde abajo del estrado. Sentado a las espaldas de sus abogados defensores, escuchó a un batallón de fiscales imputarle delitos y pedir el levantamiento del secreto fiscal y bancario para indagar en su patrimonio, así como acceder a la información del teléfono que le secuestraron días atrás.
En total siete fiscales fueron de la partida acusadora, incluyendo al coordinador de las fiscalías de Rosario y los jefes nacionales de las procuradurías de lavado de activos (Procelac), de narcotráfico (Procunar) y de Investigaciones Administrativas. Semejante despliegue marca otro hito histórico: el reciente debut del nuevo Código Procesal Penal Federal. Fiscales empoderados, cumpliendo un rol muy diferente al que le asignaban jueces como Bailaque en el marco del anterior Código Procesal Penal de la Nación.
A pesar de las imputaciones y los indicios desplegados por la fiscalía, que el juez Edyuardo Rodriguez Da Cruz convalidó casi por completo, a la mañana siguiente Marcelo Bailaque volvió a su despacho en ese mismo edificio, a metros de la sala de audiencias donde la tarde anterior lo imputaron, y continuó tomando decisiones que afectan la vida, la libertad y los bienes de las personas mencionadas en los expedientes a su cargo. Es una de las tantas cosas insólitas de la Justicia Federal.
Bailaque pasó de acusador a acusado por las sospechas de irregularidades y delitos en al menos tres causas que pasaron por “su” juzgado. Es el juez que nadie de bien elegiría para ese lugar después de escuchar las evidencias y argumentos de la fiscalía, más allá de si el trámite penal llega o no a una condena firme en el futuro.
Las tres causas bajo observación tienen un hilo común: el involucramiento directo de amigos de Bailaque en causas que él instruyó. El famoso dicho “Hacete amigo del juez” en su máxima expresión.
Los amigos del juez
En ningún caso se excusó, ni siquiera cuando una de las partes se lo demandó. Por el contrario, omitió informar esos vínculos a sus superiores para permanecer al frente de una causa en la que habilitó que un fondo de mil millones de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín, que estaba bajo custodia judicial, pudiera pasar a la mutual de servicios financieros Unión, de su amigo Fernando Wphei, que dirige junto con su hermano Guillermo. Como es de público conocimiento, Guillermo Whpei, que se define como “empresario social” y es creador del Museo de la Democracia, al menos desde 2019 hasta aquí patrocinó diversas candidaturas locales y provinciales, la mayoría de perfil público-mediático, que compitieron en diferentes frentes políticos.
Bailaque tampoco se apartó de la investigación contra el narco Esteban Alvarado, que tardó años en instruirse y donde el juez está sospechado de frenar las medidas de prueba que le requería una fuerza de seguridad federal. En ese caso el nexo es Gabriel Mizzau, que además de ser amigo es su contador personal, y lo era también de Alvarado y de su organización empresaria conformada para lavar activos y transportar droga. El propio Mizzau inscribió algunas de esas empresas creadas para tal fin y firmó los balances anuales ocultando ganancias, según los fiscales.
En el tercer caso investigado, el amigo en cuestión es el funcionario de Afip Carlos Vaudagna. La procuración, pero también el Ejecutivo nacional, sospecha que el juzgado de Bailaque, funcionarios de Afip, Aduana y otras reparticiones nacionales presionaban a imputados que tenían problemas tributarios para beneficiarse de ellos económicamente, a partir de causas formales o inventadas. En la Casa Rosada están convencidos que el modus operandi que empezó a destapar la fiscalía es muy parecido al que llevó tras las rejas al ex juez federal de Mendoza Walter Bento.
Sobre éstas últimas, los fiscales expusieron una maniobra originada en una denuncia anónima recibida en Afip contra los directivos de una agencia de Bolsa. Bailaque abrió el expediente penal a las 12.36 de un 14 de agosto, cuando todavía Afip no había registrado oficialmente la denuncia, lo que recién ocurrió 15 minutos después. A ese extraordinario caso de justicia de anticipación, la fiscalía llegó por el sospechoso devenir de la causa, que arrancó frenética, luego se planchó y más tarde se reactivó muy fuerte, con llamado a indagatoria incluido. A contramano de la historia de la Justicia federal, poco después sobrevino el intento de sobreseimiento de los imputados.
El partido en el Consejo de la Magistratura
El frente de conflicto más inmediato de Bailaque está en el Consejo de la Magistratura, donde se lo investiga por vía administrativa en cuatro casos. Tres de ellos están relacionados con lo expuesto en la audiencia imputativa y un cuarto fue informado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba. El martes, en la comisión de acusación del Consejo se resolverá sobre medidas de prueba, corrimiento de traslado y acumulación de los casos, lo que permitiría acelerar el trámite.
Tras exponer en la audiencia imputativa contra Bailaque, el fiscal coordinador Mariano Arrigo dijo que “no puede seguir siendo juez”. En la misma línea se expresó la diputada Lionella Cattalini, que lo denunció penalmente. También lo dice el sentido común, pero nunca hay que subestimar las redes de poder político y económico de la que estos magistrados son parte.
Los conflictos políticos que trabaron el Consejo de la Magistratura y los plazos que llevan a situaciones como las de Bailaque, que estando imputado penalmente sigue ejerciendo como juez, tienen que ser anotados por los futuros constituyentes santafesinos. Lo que hay hoy en Santa Fe debe ser corregido, pero el diseño de un futuro Consejo de la Magistratura provincial no puede repetir los errores que cometió la Constitución Nacional de 1994.
