El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció este domingo que, en caso de no obtener los votos necesarios en el Congreso antes de fin de año, el Gobierno evalúa designar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia, para que el debate no se superponga con el asunto Elecciones.

Hasta el momento la propuesta no fue tratada por el Senado, y en breve la Corte va a quedar con tres miembros, ya que se jubilará Juan Carlos Maqueda.

El funcionario expresó su deseo de que la designación sea determinada por la Cámara alta, aunque reconoció las dificultades de operar en minoría: “Lo tenemos en análisis, pero todavía no tomamos una decisión al respecto. Cuando estás en minoría todo cuesta mucho más”.

Esta semana, la senadora kirchnerista por Catamarca, Lucía Corpacci, aportó la novena firma necesaria para el dictamen del pliego de Lijo en el Senado, y permitió que el pliego sea sometido a votación. Sin embargo, aún no están garantizados los dos tercios de los votos requeridos para su designación.

En agosto, Lijo y García Mansilla habían expuesto sobre sus postulaciones ante la Comisión de Acuerdos, y desde entonces sus pliegos habían quedado habilitados para ser tratado, sin requerimientos de una nueva reunión para llevarlo al recinto. Sin embargo, debido a la carencia de votos, el oficialismo se vio obligado a posponer la convocatoria a una sesión para debatirlo.

Después de los discursos de ambos ante el Congreso, durante las últimas semanas la Casa Rosada intensificó las negociaciones para asegurarse las nueve firmas necesarias de los 17 miembros de la comisión.

El eventual dictamen para Lijo sería una victoria del asesor de Milei Santiago Caputo y su brazo político en el ministerio de Justicia, Sebastián Amerio, que llevan las negociaciones con los senadores y los gobernadores con urgencia y buscan que los pliegos se traten lo antes posible para evitar que el debate coincida con la campaña previa a las elecciones del año que viene. “Más adelante se va a complicar más”, dijeron al filo del cierre de las sesiones ordinarias, que terminan el 30 de noviembre.

Puede ocurrir sin embargo que la comisión decida no tratar el pliego de inmediato por falta de consenso. Y ante esa posibilidad, el Gobierno prevé convocar a sesiones extraordinarias para abordar el tema a pesar de la proximidad del año electoral.