Un gendarme fue imputado y quedó en prisión preventiva este miércoles después de haber sido indagado por la Justicia federal salteña por haber intentado evadir un control hecho por sus propios camaradas –a quienes casi atropella– y por haber sido arrestado con 303 kilos de cocaína en su camioneta. El arresto del cabo primero Diego Hernán Delgado –que revista en el destacamento móvil Nº 1 de Campo de Mayo– ocurrió el domingo pasado en la ruta 5, cerca de la localidad de Las Lajitas.
Según reseñó el sitio web Fiscales, la acusación fue por el delito de transporte de estupefaciente agravado por la calidad de funcionario público encargado de la prevención y combate del narcotráfico y fue formalizada por la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, en representación del Área de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos. Dicha indagatoria se hizo ante el juez federal de Garantías Nº 1 Julio Bavio.
Además de este delito, la auxiliar fiscal le imputó resistencia y atentado a la autoridad en concurso real al relatar que el acusado intentó embestir al personal de Gendarmería Nacional que lo había detenido para un control de rutina sobre la ruta provincia N° 5, a la altura del kilómetro 170, en el departamento de Anta.
Al referirse al hecho, la funcionaria judicial sostuvo que la detención se registró el domingo a las 6, cuando Delgado conducía una Amarok que circulaba a gran velocidad, procedente del norte provincial. Indicó que, al ver la camioneta, los gendarmes del Escuadrón 45 le hicieron señales lumínicas para que se detuviera, pero no hizo caso de la orden e intentó evadir el control.
Aráoz Vallejo expuso que, ante la situación de grave riesgo –todo parecía indicar que el conductor iba a embestirlos–, los gendarmes encendieron la sirena de su móvil y se dispusieron a una escena de mayor peligro. Sostuvo que esa situación habría persuadido al cabo primero, quien se estacionó en la banquina.
En la acusación, agregó que cuando los efectivos se acercaron a la camioneta, el conductor bajó su ventanilla y la del asiento trasero, dejando a la vista su uniforme de gendarme y un bolso, también propio de esa fuerza, aparentemente, con la intención de relajar la atención de sus camaradas.
Al presentar la documentación –prosiguió la representante del Ministerio Público Fiscal–, el cabo entregó su credencial como integrante de esa fuerza y sostuvo que había sido beneficiado con cinco días de descanso, tras una comisión, por lo que había decidido hacer un viaje relámpago a la provincia de Salta.
Aráoz Vallejo narró que, previa comunicación con el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, los gendarmes del puesto de control realizaron una requisa con dos testigos que ocupaban un vehículo que venía por detrás de la camioneta. Al abrir la caja de la Amarok visualizaron siete cajas que estaban a la vista.
Paquetes amarillos
Al abrir una de las cajas, los gendarmes constataron la presencia de paquetes amarillos con droga, indicó la fiscal, y precisó que el conductor reconoció que llevaba cocaína. El peso total de esa carga ascendió a 303 kilos con 820 gramos, lo cual derivó en su inmediata detención y en la incautación de dos celulares y poco más de medio millón de pesos, que el acusado llevaba consigo.
En la imputación se enfatizó que la camioneta fue trasladada a la base de la Unidad, donde se continuaron con las diligencias de rigor. Al fundar la atribución, la fiscalía dejó sentado que se trata de un hecho de suma gravedad, no solo por la cantidad de droga sino también por la condición del autor del transporte de la droga. Asimismo, destacó el llamativo hecho de que Delgado había sorteado con facilidad varios controles fijos de la misma Gendarmería, entre ellos los de Pichanal y Embarcación.
Añadió que, con la autorización judicial, se realizaron allanamientos en varios inmuebles, tanto en Salta como en Buenos Aires, y que estas medidas permitieron secuestrar otros elementos de interés para la investigación.
Al momento de expedirse sobre las medidas de coerción, solicitó la prisión preventiva, tanto por la naturaleza del hecho, su comportamiento durante el procedimiento, los riesgos de fuga y el entorpecimiento de la investigación, que se encuentra en un estado incipiente.
La representante del MPF resaltó lo accesible que resultó para el imputado cruzar casi toda la provincia con esa carga, la condición de absoluta confianza que tenía el acusado y, en especial, la organización narcocriminal a la que pertenecería, pues remarcó que la droga iba casi a la vista.
Aráoz Vallejo también puso de relieve el daño a la salud pública que representaba el estupefaciente transportado y mencionó la imposibilidad de que el acusado, ante una hipotética condena, sea beneficiado con una pena condicional, lo que hacía imposible morigerar la medida de coerción.
Por último, destacó que Delgado no actuó por sí solo ni aisladamente, sino que existen otros eslabones en la cadena delictiva, que ahora serán motivo de investigación. En ese contexto, solicitó una serie de peritajes pendientes a fin de poder avanzar con el esclarecimiento total de la operación de tráfico.
La defensa, en tanto, no presentó objeciones a la imputación ni al pedido de prisión preventiva, aunque no descartó realizar planteos más adelante y que incluso su cliente preste declaración, lo cual sujetó al rumbo que tomen las pesquisas.
El juez Bavio hizo lugar a la imputación penal, dictó la prisión preventiva y autorizó los peritajes pendientes por entender que la “materialidad del hecho” se encuentra “suficientemente acreditada” por las evidencias presentadas por la fiscalía.
