Mientras caminaba por el pasillo que lleva a su casa en mitad de manzana, Melina Barsola advirtió: “Te pido disculpas por el quilombo que hay en casa; el otro día conseguí unos bolsones de ropa y estuve el fin de semana seleccionando prendas”. Los alumnos de la escuela de la zona sur donde Melina es directora del secundario recibirán las pilchas en mejores condiciones que ella rescató.
El resto de la ropa –si sobra algo– irá a parar a la feria americana que se monta cada tanto sobre la vereda de la institución y a un Instagram. Lo recaudado, sumado a las donaciones que gestiona de otras instituciones de la zona y el sector privado, se invierten en resolver problemas de infraestructura, gastos administrativos o para cubrir una parte de los viajes de estudio y egresados de quienes no pueden pagarlos.
En paralelo a estas gestiones, Melina comanda desde hace siete años el cuerpo docente y administrativo de la escuela N° 551, Sonia Beatriz González Abalos. Un establecimiento secundario con un proyecto educativo enfocado en la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica, pensado para 170 chicos y chicas pero que imparte conocimientos y contención a unos 300 en barrio Tablada. Un territorio estigmatizado por la violencia, la drogadicción y el desempleo, en el que sus alumnos comienzan a rebuscárselas desde los 15 para aportar a la mesa familiar.
La necesidad por juntar el mango es el principal adversario de padres, docentes y directivos contra la deserción escolar. “El tercer año es un momento bisagra (para alumnos y comunidad educativa)”, explicó Barsola.
Los alumnos de la Sonia González provienen de sectores de clase media baja y baja en donde el acceso a vivienda digna y servicios es desigual y la precariedad habitacional forma parte del paisaje. “En las casas muchas instalaciones eléctricas son precarias y se usan garrafas. La mayoría de los alumnos y alumnas asisten al comedor de la escuela y en invierno es cuando se hace visible la falta de abrigo”, detalló un miembro del cuerpo docente. El invierno de 2024 será el primero, desde la pandemia, en que el edificio escolar contará con gas de red. En 2019 se cortó el suministro por no contar con una instalación adecuada. La obra de adecuación que realizó la provincia se terminó en febrero.
“La mayoría de los alumnos se encuentra en situaciones económicas difíciles, lo que no evita que surjan cuestiones de competencia, propias de la adolescencia. El modelo de celular, la ropa, si cobrás una beca, si vivís de un lado o del otro del barrio. La convivencia es una de las principales cuestiones en las que la escuela trabaja”, contó la docente. “Los contextos de violencia tienen un evidente impacto en la escuela, pero baja en su intensidad porque adentro los alumnos se sienten cuidados y seguros. Se habla sobre la violencia, se les da espacio a las incomodidades, a los conflictos y se trabaja sobre los límites y los valores que definen la identidad de nuestra comunidad”, completó.
Los bulevares pasan, los problemas quedan
En el caso de Valeria –nombre ficticio para citar a una fuente que pidió anonimato–, una docente titular de secundario con más de veinte años de experiencia en una escuela pública de doble escolaridad, lo que conecta su experiencia con la de Melina son los déficits compartidos. Estos se espejan tanto en una infraestructura escolar deficiente, como en las dificultades para lograr niveles aceptables de atención en el aula y el combate contra el abandono escolar. Las diferencias y particularidades respecto de esas problemáticas están dadas por las condiciones de vida y el acceso a recursos materiales y culturales de los y las adolescentes que asisten a estas escuelas y sus familias.
El establecimiento público en el que Valeria da clases no escapa a las consecuencias del entorno social violento que vive Rosario. Son reiterados los robos a alumnos cuando salen de la escuela y a la infraestructura de la institución: “Aulas que durante años permanecen sin los elementos necesarios para dar clases en condiciones dignas: ni ventilación, ni calefacción adecuada, ni recursos pedagógicos necesarios”. Valeria explicó que durante varios años tuvo que dar clases en un aula sin ventanas y en condiciones de hacinamiento.
“En los últimos años (sobre todo después de la pandemia) noto una dificultad creciente en la capacidad de concentración de los alumnos”, advirtió Valeria respecto a los desafíos del docente frente a clase y completó: “Les cuesta prestar o mantener la atención en una actividad durante treinta o cuarenta minutos”. La docente explicó que debe cambiar de tareas con mayor frecuencia que previo a la pandemia. “Se los nota, en general, más dispersos”, detalló.
El consumo de pantallas, en especial por la noche, tampoco juega a favor del educador. “Esto hace que no descansen lo suficiente. Por lo tanto, en las primeras horas de clases están literalmente dormidos y no pueden prestar atención porque tienen sueño”, reflexionó Valeria.
Otro tema que le preocupa son los casos de deserción escolar relacionados con conflictos familiares, la obligación de asumir tareas de cuidado o la necesidad de tener que salir a trabajar para sumar a la economía hogareña. “También hay situaciones particulares en las que el consumo de sustancias o problemas de salud asociados, les impiden concurrir a clases con regularidad”, detalló.
Pese a esto, los problemas más frecuentes que Valeria identifica entres sus alumnos son trastornos alimentarios y de ansiedad. “Si bien la mayoría de los que los experimentan, reciben atención psicológica, esto aumenta su ausentismo (quienes padecen anorexia o bulimia, por ejemplo) o incide en su desempeño (trastornos de pánico)”, resaltó. “Cualquier situación que implique exponerse delante de sus compañeros, desarrollar un contenido en voz alta o interactuar con otros, a estos alumnos los moviliza demasiado. En esos casos, se buscan alternativas para que puedan aprender, participar y ser evaluados con métodos diferentes al resto”.
“Esto hace que debamos ir a trabajar con varios planes de clase y una amplia capacidad de adaptación al panorama y a las limitaciones con que nos encontramos cada día al llegar a la escuela”, remató.
Valeria da clases en una institución considerada modelo que se emplaza en el macrocentro rosarino. A sus aulas asisten estudiantes de clase media y media baja que, en su mayoría, cuentan con vivienda digna, internet disponible las 24 horas, un smartphone por miembro familiar, dispositivos tecnológicos compartidos y acceso a plataformas de contenidos audiovisuales y entretenimiento. Servicios públicos consolidados donde viven y lugares de esparcimiento, públicos y privados, al alcance de la mano. Los adultos que conviven con sus alumnos se reparten entre profesionales, comerciantes, empleados y cuentapropistas, mayormente.
La otra cara
En el extremo opuesto de estas realidades está la experiencia docente de Martín Buzzano Nogueira. Este profesor de inglés formó parte durante cinco años del cuerpo educativo del colegio religioso Los Arroyos. Una institución privada, de doble escolaridad, que cuenta con primario y secundario bilingüe y funciona en un predio de más de ocho hectáreas, emplazado en un exclusivo sector de barrio Fisherton. Sus alumnos son chicos y chicas que provienen de sectores económicos altos: familias compuestas por padres y madres empresarios, ejecutivos y profesionales altamente calificados.
Consultado sobre el vínculo con los alumnos, este ex docente de inglés, valoró el respeto al educador que se inculca desde el colegio. La cuadratura que se da entre padres y directivos en este punto –detalló Buzzano Nogueira– se irradia a los estudiantes.
“Te diría que el 80 por ciento son muy respetuosos. Son estudiantes que entienden lo que les brinda el colegio y saben que si estudian, les va bien, y en el futuro acceden a una carrera de grado, van a disfrutar de un pasar económico como el de sus padres cuando sean adultos”, reflexionó Buzzano Nogueira.
En su sitio web, el colegio da cuenta del tipo de educación y valores que ofrece a quienes les confían sus hijos: “Una formación integral de calidad que atiende todas las facetas de la persona: intelectual, afectiva, artística, deportiva, social, ética y espiritual”. Los Arroyos, junto al colegio Mirasoles, son las únicas instituciones de Rosario que no imparten clases en aulas mixtas. “Existe un interés especial por parte del colegio en diferenciar qué significa ser hombre y mujer dentro del marco de una visión religiosa”, contextualizó Buzzano Nogueira.
Las problemáticas que pudiesen surgir durante la etapa formativa de estos estudiantes, no se derivan de la falta de acceso a recursos materiales. “Son alumnos que tienen todas sus necesidades básicas cubiertas y la chance de viajar por recreación o estudios”, algo que el ex docente destacó como complemento positivo para el trabajo en el aula.
Inversión social docente
Melina comparte con Martín la opinión a favor de viajar durante la formación de sus alumnos. El impacto de conocer otros lugares –sea el Campo de la Gloria en San Lorenzo, Capital Federal o Inglaterra–, compartir con otras personas una experiencia educativa fuera del contexto habitual, les permite enriquecer su visión del mundo.
En quinto año, los alumnos y alumnas de la Sonia González pueden viajar a la unidad turística de Chapadmalal que depende de Nación, en la costa bonaerense. El viaje de egresados es de cinco días, pero antes hay que generar los recursos para cubrir el pasaje y los gastos de quienes lo necesiten. El Programa Nacional de Turismo Educativo y Recreación se encarga de la estadía, comida y actividades de los alumnos y alumnas. La gestión la realiza cada escuela a través de la ahora secretaría de Educación, dependiente del ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovello.
Hay situaciones en que, incluso después de juntar la plata, aparecen imprevistos y problemáticas que pueden conspirar para que alguien se pierda un viaje. Barsola contó el caso de un alumno de quinto año que vivía con su madre y sus dos hermanas en una casita dentro de un predio donde funcionaba una cancha de fútbol. Cuando los dueños decidieron poner en venta el terreno, la familia tuvo que mudarse de apuro a Goya, Corrientes, a la casa de la abuela. Enterados de la situación en la escuela, cuando llegó la fecha del viaje, Melina sacó de su bolsillo para comprarle un pasaje a Rosario y le dio dinero para que pudiera viajar con sus excompañeros a Chapadmalal y conocer el mar.
Poner dinero para ayudar a hacer frente a las necesidades del alumnado es una práctica común entre el cuerpo docente y directivo de escuelas como la Sonia González. Rosario3 conversó con distintos profesionales y todos tienen su historia de ayuda económica a un estudiante. Una vaquita para que el alumno no se pierda un viaje con la escuela, unos pesos para terminar de pagar un medicamento que necesita la familia, ayuda con la Sube o conseguir toallitas femeninas porque no hay para pagarlas. Las historias son infinitas y cuando alguna se resuelve, aparece otra nueva.
Dar una mano al que lo necesita es una práctica que no cambia entre los docentes, aun en momentos de crisis económica o depresión salarial como el que atraviesa el sector del trabajo en el país.
Tierra de licuadoras y motosierras
La depresión salarial de los trabajadores argentinos es tal que en febrero el Indec calculó en $596.823,18 pesos el costo de la canasta básica total para un hogar tipo 2 (dos adultos y dos menores) mientras que el salario mínimo vital y móvil fue de $180.000 pesos –hoy se encuentra en $202.800–. En su informe de marzo, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) midió que la inflación acumulada para el primer bimestre de 2024 fue del 46%. Lo que elevó la interanual de 161 a 254% en Argentina. Dato al que se le suma la última medición de pobreza que realizó la Universidad Católica Argentina (UCA) que arrojó un 57,4% de personas en esa situación (27 millones).
La aceleración que esto produjo en el índice de precios–medido por Mate– dio que en el primer trimestre de 2024, los trabajadores argentinos perdieron un 30% de poder de compra. En el caso de los docentes, el cocktail de licuación salarial y motosierra que sufren los sectores medios y bajos a los que pertenecen, se complementó con el fin de los programas educativos financiados por Nación y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que cortó la administración del presidente Milei. Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, dijo en declaraciones a Radio 2 que el Fonid representaba $28.700 de complemento salarial.
En instituciones privadas como el colegio Los Arroyos, el docente compensa parte de la reducción salarial con el pago por horas de corrección y planificación. Además, la institución asume sus gastos de movilidad cuando se realizan paros de transporte público. Beneficios que no se replican en el sector público.
En marzo un docente reemplazante de escuela secundaria, que vive solo y alquila, con 24 horas cátedra semanales, seis años de experiencia y dos y medio de antigüedad, cobró $267.423,89 pesos en Rosario, sin aportes de Nación. Otro ejemplo: una docente con 10 años de antigüedad, 16 horas como titular, cinco interinas y tres reemplazantes (24 horas total), recibió $299.000 pesos. A esos salarios, aún resta sumarles el 22,4% que la provincia le adeuda de la paritaria 2023 que firmó Omar Perotti. El gobernador Pullaro se comprometió a saldar ese porcentaje a lo largo del mes mientras se negocia la de 2024.
Negociación paritaria que navega en un contexto económico en el que una familia rosarina, necesitó en febrero $882.239,59 para cubrir los gastos del hogar. El dato surgió del estudio de precios que publicó el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac).
La continua pérdida del poder adquisitivo del salario docente obligó a más de uno a tener que buscar nuevas vías de ingresos. Es el caso de dos docentes, que pudo relevar Rosario3, que empezaron a manejar Uber en las horas libres que tienen entre el fin del turno y comienzo de un reemplazo en otra.
El corte abrupto del Fondo Compensador al Transporte Público, con el que Nación subsidiaba parte del boleto de colectivos en las provincias, llevó al Concejo Municipal de Rosario, a instancias del intendente Pablo Javkin, a elevarlo un 105%: de $340 a $700. La medida, además de agregar tensión a todo el mundo del trabajo, tiene el potencial de reducir la oferta de docentes reemplazantes en el sistema cuando, para cubrir esas horas cátedra, se superen los dos pasajes gratis por día que brinda el Boleto Educativo santafesino.
El recorte de partidas y programas de ayuda social de Nación, es otro factor de preocupación en la comunidad educativa. La suspensión de la obra pública, la reestructuración del Potenciar Trabajo, los recortes en las Becas Progresar y Asignaciones Familiares, da de lleno en la línea de flotación de las familias que mandan sus hijos a escuelas donde trabajan directivos como Melina Barsola y docentes como Valeria.
Problemas que desde hace años surgen en los plenarios docentes –violencia familiar, abusos, hambre, consumos problemáticos, reclutamiento de bandas delictivas y familiares presos–, pueden verse recrudecidos por el ajuste fiscal que baja Nación. A este escenario se le agrega la violencia narco criminal de Rosario. En marzo de 2023 la Sonia González, fue una de las seis escuelas víctima de un ataque a balazos como consecuencia de la guerra entre bandas criminales y contra el Estado que se dio en ese mes.
Esta realidad violenta también circunda a los sectores de altos ingresos. El 7 de noviembre de 2023, a cinco minutos en auto del colegio Los Arroyos, asesinaron a balazos a una mujer de 29 años e hirieron a su hijo de 10. Tres días después, a 200 metros de donde se cometió ese crimen, la Municipalidad decidió cerrar, de forma temporal, el centro de salud del barrio Stella Maris debido a la seguidilla de balaceras en la zona.
Las escuelas y el colegio que relevó Rosario3 para este informe ofrecen tres miradas no concluyentes sobre los desafíos que enfrenta la comunidad educativa local. Pero da cuenta de tres realidades sociales que en algunos pasajes se espejan mientras se distancian en otros como la calidad formativa. Ofrece una fotografía del mundo docente; su trabajo dentro y fuera del aula, su frustración y satisfacciones al enfrentarse a tres curvas de aprendizaje determinadas por las condiciones materiales de sus alumnos.
La educación en la ciudad funciona sobre este escenario heterogéneo que recopiló Rosario3. El que suele ser evaluado desde los distintos gobiernos provinciales con parámetros de exigencia que la provincia no ofrece en la mayoría de sus áreas de responsabilidad. Pese a esto, el sector docente es elegido como uno de los enemigos a derrotar por los gobiernos nacionales y provinciales de todos los signos políticos.
