Seis policías de la Brigada Motorizada fueron detenidos este lunes en el marco de una causa que investiga la presunta connivencia de uniformados con "transeros" del norte rosarino. Los operativos fueron solicitados por el fiscal provincial Pablo Socca y encabezados por personal de la División Unidad Operativa de la Policía Federal junto con Asuntos Internos. Además, los investigadores secuestraron el libro de guardia de la Comisaría 10ª, cuyos jefes quedaron bajo sospecha de encubrimiento. También fue detenido un civil.
Según pudo averiguar Rosario3, parte de la investigación se originó cuando la Fiscalía peritó el celular de Sandra Álvarez, una mujer de 44 años detenida a fines de noviembre en Castagnino al 1200, en barrio Parque Casas.
Álvarez, quien operaba junto a un tal Cristian, apodado "Culón", permanece en prisión preventiva por comercio de estupefacientes desde el 12 de diciembre, tras una resolución del juez Gonzalo Fernández Bussy. En esa audiencia, la lupa se posó sobre otro de los imputados: Marcelo "Frentudo" Fernández, también preso por el mismo delito.
Al parecer, "Frentudo" y la gente de Álvarez no hacían buenas migas, y estos últimos recurrían a los "servicios" de uniformados para perjudicar a la competencia, indicó un investigador.
En diciembre, este diario reveló una investigación que mostró cómo el barrio Parque Casas estaba dominado por el narcomenudeo: la presencia constante de soldaditos, "búhos" (jóvenes que por unos pesos avisan sobre la presencia de fuerzas de seguridad en las calles), filas de personas comprando droga y consumidores que "parecen espantapájaros" en varias esquinas, como en Cavia y Larrechea. También se mencionó la sospecha de una "mano negra" policial que alertaría sobre operativos inminentes.
El foco de la causa actual estaría en J. S., un policía motorizado que, tras ser allanado, se presentó en la sede de Asuntos Internos. En tanto, los otros uniformados habrían participado en procedimientos irregulares o flojos de papeles.
En el legajo penal figuran imputaciones por falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, encubrimiento agravado, apremios ilegales, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También quedó bajo la lupa la seccional 10ª, la "megacomisaría" de la zona norte que actúa como enlace con la Justicia en numerosos procedimientos. A sus autoridades se les inició una causa por presunto encubrimiento, desobediencia judicial e incumplimiento de deberes, aunque no fueron detenidos.
