Dos agentes del Servicio Penitenciario que cumplen funciones en la cárcel de Piñero fueron imputados por haber facilitado el asesinato del recluso Agustín De La Encina Cappelletti (26), quien fue atacado con golpes y un arma blanca el pasado 13 de enero en un pabellón de internos de perfil “intermedio”. Se presume que Julián Aguirre y Gustavo Raimondi, los acusados, fueron quienes abrieron la puerta de la celda del preso para que dos internos pudieran atacarlo. El juez Fernando Sosa validó la imputación y dictó prisión preventiva por el plazo máximo para ambos, por el delito de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por abuso funcional, al tratarse de miembros del Servicio Penitenciario, en calidad de partícipes primarios.
La audiencia, que había comenzado el pasado martes, se reanudó este jueves tras un cuarto intermedio dispuesto por el juez Sosa. El fiscal Patricio Saldutti –en suplencia de María de los Ángeles Granato– explicó que los dos celadores de la unidad penitenciaria quedaron filmados mientras hablaban con el delegado del pabellón 6 y, posteriormente, cuando abrieron la puerta del lugar de alojamiento de De La Encina Cappelletti.
Los agresores del recluso fueron varios presos, según indicó el fiscal, por lo que se analizan las imágenes para determinar quiénes fueron los autores. El pabellón en cuestión está habitado por reclusos vinculados con la estructura criminal de Esteban Alvarado, según indicaron desde el Ejecutivo.
La celda de la víctima, de acuerdo con los datos recolectados, solo se podía abrir desde afuera, lo cual reafirma la hipótesis fiscal de que fueron los agentes penitenciarios quienes, con su acción, participaron en el plan. Resta determinar si en los celulares de los acusados hay más datos que los comprometan, como una posible promesa remuneratoria. Según un testimonio de identidad reservada, el pago, efectivamente, existió.
La Fiscalía expuso como evidencia un video que registró el ingreso de los autores materiales a la celda de De La Encina. Además, trascendió que los dos penitenciarios imputados presentaron un descargo y deslindaron la responsabilidad en su jefe, Hernán Peralta.
El fiscal habló de "un hecho llevado a cabo mediante un plan previamente orquestado, en el que se distribuyeron distintas tareas", que confluyeron en el crimen de De La Encina.
Barbarie carcelaria
Según la teoría fiscal, aquella tarde, a las 17.22, dos internos de identidad aún no identificada del citado pabellón agredieron con golpes de puño y elementos cortantes a la víctima, obligándola a ingresar a la celda de seguridad del mismo pabellón.
Transcurridos cuatro minutos en el interior de dicha celda, el celador suboficial subayudante Raimondi, en un claro abuso de su función, abrió la puerta de acceso al patio externo del pabellón, donde se encontraba parte de la población carcelaria, permitiendo el ingreso de aproximadamente cuatro varones, quienes comenzaron a agredir a De La Encina.
Segundos más tarde, Raimondi abrió la puerta de acceso al patio interno del pabellón, dejándola entreabierta y, posteriormente, Aguirre la franqueó totalmente, permitiendo de este modo que ingresara un gran número de internos a la celda, donde atacaron mortalmente a la víctima. Luego, los agresores se retiraron por ambos accesos. El interno comenzó a figurar en las páginas policiales en 2021, cuando fue detenido con 700 gramos de cocaína en un departamento de Pellegrini y Laprida, frente a la plaza López, en el marco de una investigación federal por venta de droga. En octubre de 2023, su situación procesal se tornó aún más compleja. Una investigación del entonces fiscal de Homicidios de Rosario, Gastón Ávila, lo ubicó como el instigador de un intento de asesinato cometido en marzo de ese año. La causa expuso una trama de venta de drogas con actores de clase media acomodada. La víctima del ataque se llama Maia, quien recibió cuatro disparos en la noche del 30 de marzo por parte de dos matones que la citaron al lado de un motel en la ruta 34. La mujer sobrevivió, pero recién pudo declarar cinco meses después. Su testimonio, junto con otros aportados por testigos (algunos reservados) y el análisis de impactos de antenas telefónicas, apuntaron a De La Encina. La noche en que fue atacada, Maia se había acercado al motel porque, según la causa, le habían prometido 100 mil pesos y un frasco de cogollos de marihuana como parte de pago de los 3.800 dólares que el dealer del centro le debía. “Agustín sigue vendiendo desde la cárcel y estudia derecho. El kilo de cocaína lo iban a comprar a medias; no sabe a quién, solo que tenían que pasar la frontera y no llegó. Maia empezó a reclamar dinero y allí fue cuando recibió los primeros disparos”, declaró un testigo de la causa por tentativa de homicidio hace un año. Esos “primeros disparos” ocurrieron en un ataque previo al intento de asesinato, el 25 de marzo, que la mujer no denunció. Le dispararon en Cochabamba y Liniers cuando paseaba a su perro y sobrevivió solo por la mala puntería de los agresores. Lo cierto es que De La Encina fue acusado de haber contratado a los sicarios desde su lugar de detención para que le tendieran una trampa mortal a Maia. El pasado 6 de octubre, la jueza Verónica Lamas González le dictó prisión preventiva sin plazos, frustrando así una posible salida en el mediano plazo. El año pasado, quedó involucrado en una causa por narcotráfico en la que fue indagada Yanina Carina Alvarado, hermana del condenado jefe narco Esteban Lindor Alvarado, señalada como responsable de los 32 kilos de cocaína incautados en julio de ese mismo año en un taxi de Rosario y en un auto particular en una estación de servicio ubicada en la ruta nacional 9, a la altura de San Pedro. Se cree que la mujer delegaba la logística del transporte de la droga en un bróker de seguros rosarino que, en ese momento, estaba preso en Coronda. Ese bróker era De La Encina. De acuerdo con la investigación de los fiscales federales Santiago Alberdi y Matías Mené, del área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de Rosario, Yanina Alvarado mantenía frecuentes comunicaciones telefónicas con el recluso desde hacía dos años. La celda de De La Encina fue allanada el 2 de julio, un día después de la incautación de la cocaína en San Pedro. Según la investigación, la droga era transportada desde Buenos Aires a Rosario y distribuida en la ciudad, generalmente, en taxis y remises truchos. La causa se inició por el secuestro de 10 kilos de cocaína a dos pasajeros que viajaban en un taxi el 4 de diciembre de 2023, quienes fueron detenidos en Alsina y Ocampo, en el barrio Bella Vista. De La Encina fue allanado en su celda en la cárcel de Coronda –donde estaba alojado pese a ser un preso federal– en el marco del operativo "Jackpot" de la División Antidrogas de la Policía Federal. El procedimiento reveló su presunta vinculación con un cargamento de 30 panes de cocaína incautados en territorio bonaerense, con envoltorios que llevaban el número "777", un código asociado a la droga según la DEA. El caso sigue en investigación, y las conexiones del recluso con el narcotráfico continúan saliendo a la luz.El perfil de De La Encina Cappelletti