La Unión de Empleados Judiciales de la Nación denunció ante el Consejo de la Magistratura a Reinaldo Rodríguez, juez federal con competencia electoral a cargo del Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, por amenazas, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral, del que resultaran víctimas varios empleados de la dependencia a su cargo.
Dirigiéndose al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, sostiene que “las actitudes y comportamientos perpetrados por Rodríguez se encuentran directamente vinculados con el abuso de autoridad y el maltrato cotidiano y resultan configurativos de violencia y acoso por razón de género conforme la definición del Convenio 190 de la OIT, ratificado mediante Ley 27.580 y a la fecha vigente”.
En ese sentido, solicitan la suspensión preventiva del denunciado. “Sin duda, la gravedad de todo lo hasta ahora planteado amerita la intervención directa e inmediata por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación disponiendo la suspensión preventiva del Sr. Rodríguez hasta tanto se resuelva el presente sumario”, sostienen en la presentación.
Reinaldo Rodríguez es juez federal de Santa Fe desde el año 2000, cuando accedió por concurso a ese cargo. La Unión de Empleados Judiciales de la Nación realizó un pormenorizado relato de malos tratos y acoso del magistrado hacia personas que trabajan en su juzgado. “Las faltas imputadas no han sido hechos aislados, sino que son un obrar sistemático y repetido a lo largo de muchos años”, indican.
“Su comportamiento era absolutamente tiránico y a la vista de toda la dependencia haciendo alarde de su poder e impunidad”, advirtieron en la denuncia en el marco de los diversos casos expuestos de violencia, hostigamiento y acoso sexual. “Muchos agentes han debido solicitar asistencia psicológica y/o psiquiátrica, la violencia laboral, la asimetría de poder, la vulnerabilidad en la que se encuentran los dependientes, y la manipulación de la que son objeto, los mantiene paralizados y sin capacidad de acción”, remarcaron.
Luego, se pide que se llame a declaración a las personas involucradas en los hechos de los que se le acusa.
“En virtud de los hechos denunciados se solicita la aplicación de la Ley 26.485, permitiendo a las víctimas no sólo presentarse a declarar, sino también a acceder al expediente y controlar el trámite administrativo, promoviendo a su vez la amplitud probatoria”, establecen y, finalmente, solicitan su suspensión preventiva.
