En un dictamen firmado por integrantes del Ministerio Público Fiscal se pidió la subasta de los doce vehículos que fueron incautados a una presunta banda de Buenos Aires que está sospechada de haber secuestrado empresarios y familiares de empresarios en Rosario y en Villa Ramallo. Se trata de autos, camionetas y camiones. La causa, por su parte, se encamina a juicio.
La solicitud fue firmada por el fiscal de San Nicolás Matías Di Lello, Ignacio Rueda de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos María Fernanda Bergalli y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes María del Carmen Chena.
Ante el juez Carlos Villafuerte Ruzo, los funcionarios detallaron que el objetivo de la venta anticipada es “la adopción de medidas eficaces de custodia y conservación de los bienes cautelados durante el proceso, con el fin de mitigar los riesgos inherentes a la depreciación del valor y deterioro de los activos en el tiempo”.
También indicaron que deberá intervenir inmediatamente la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que haga una constatación del estado de los vehículos y tome medidas para concretar su subasta. Agregaron que el dinero recolectado será depositado en un plazo fijo UVA renovable, “puesto que es la única colocación financiera de renta fija en moneda nacional que a la fecha acompaña la depreciación monetaria”.
Los vehículos son un Mercedes Benz C220 CDI, un Renault Logan, un Chevrolet Classic, un Honda CR-V EX, un Citroën C4, un BMW X5, una Amarok, un Jeep Cherokee, un Toyota C-HR, un Peugeot 207 y un 208. También un camión marca Volkswagen.
Según publicó el sitio web Fiscales, se trata de los bienes secuestrados y vinculados a los seis presuntos miembros de una organización criminal acusada de conformar una asociación ilícita a la que se le atribuyen tres secuestros extorsivos con empresarios o familiares como víctimas, cometidos entre 2021 y 2023 en Rosario y Villa Ramallo.
La semana pasada, el fiscal federal Di Lello y el titular de la Ufeco, el fiscal federal Santiago Marquevich, pidieron elevarla a juicio oral. El fiscal federal de Rosario, Javier Arzubi Calvo, también formó parte del equipo del MPF que instruyó la causa, que culminó a fines del 2023 con los allanamientos y las detenciones de los presuntos integrantes de la banda.
Los imputados —todos con prisión preventiva—, son el comerciante Claudio Daniel Coto (62), el mecánico Néstor Adrián Santabaya (60), el animador de eventos Emiliano Mario Andrés Acuña (37), el cerrajero y ajedrecista Sebastián Ezequiel Pugliese (46), su pareja Silvia Beatriz López (43) y el remisero y propietario de una parrilla Nicolás Adrián Santabaya (31), hijo además del segundo de los acusados mencionados.
Al reseñar la cronología de los requerimientos, los funcionarios del MPF señalaron que el 20 de diciembre de 2023 se presentó un pedido de medidas cautelares de carácter patrimonial sobre los imputados, así como respecto de terceros vinculados a ellas que podrían ser personas interpuestas con el único fin de ocultar el origen ilícito de los bienes de los que dispone la organización.
Las medidas cautelares se solicitaron sobre bienes de los imputados, Néstor Santabaya, Pugliese y López, y sobre tres mujeres que no están imputadas y fueron identificadas como Verónica V. V., Mayra Daniela C. y María Cristina K.
El 21 de diciembre de 2023, el Juzgado Federal de San Nicolás hizo lugar a las medidas y el 28 de ese mes, la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás y UFECO solicitaron el embargo de bienes de otra mujer identificada como Claribel G. P., así como el secuestro de los automotores oportunamente embargados, lo que tuvo acogida favorable por parte del juzgado el 29 de diciembre de ese año.
A su vez, el 22 de abril pasado, el MPF presentó otra solicitud de medidas cautelares de carácter patrimonial sobre las personas imputadas y respecto de terceros vinculados a ellas. En esa presentación se solicitó el embargo de una serie de bienes para hacer frente a las reparaciones y restituciones económicas en favor de las víctimas.
En el dictamen, los fiscales tomaron como representativo el caso de una de las personas, María Cristina K., titular de varios de los vehículos de alta gama, ya que, según los registros obtenidos en la investigación, tiene 68 años, es jubilada al menos desde 2020 y no tiene actividad impositiva activa.
Además, según indica la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor, al 7 de diciembre de 2023 la mujer figuraba como titular de 11 rodados. En total –descontando los que se encuentran con denuncia de venta y en estado robado– la valuación de sus vehículos a diciembre de año pasado, ascendía a 115.813.700 pesos.
