En una causa que promete más capítulos y echar luz sobre cuestiones opacas de la criminalidad, el juez Hernán Postma dispuso prisión preventiva en distinto grado para 11 usuarios legales acusados de desviar sus armas al mercado negro. Los imputados (un total de 14) habían sido aprehendidos la semana pasada en el marco de una investigación del fiscal Gastón Ávila y su par Carla Cerliani, del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego. Un dato oficia de botón de muestra en el legajo penal: una pistola que fue denunciada como robada por uno de los imputados fue utilizada por los sicarios que asesinaron a dos chicas en mayo de este año. El dueño del arma hizo una denuncia falsa de robo poco después del hecho para justificar la no posesión del arma.
Al cabo de la audiencia de este lunes, Ávila brindó varias definiciones sobre la causa, que tuvo un impulso a partir de un convenio firmado por el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) en abril de 2024. Todo para investigar el traspaso de armas adquiridas legalmente hacia un mercado ilegal.
“Determinamos un primer panorama de doce personas sospechosas que juntaban entre ellas más de 200 armas, en su mayoría pistolas de grueso calibre. Allanamos en busca de ese armamento y el resultado fue que de las más de 200 que teníamos que encontrar encontramos sólo dos”, sintetizó el investigador.
Ávila dijo que la investigación se nutrió del cúmulo de información por el trabajo del Equipo de Armas de la Fiscalía, el depósito de armas, el trabajo conjunto con el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (Saib), una herramienta para cotejar vainas de distintos hechos criminales y encontrar hallazgos y coincidencias de sobre que armas se utilizaron en tal hecho.
En busca de las 9 milímetros y las “compras de paja”
“Empezamos a buscar personas que tengan 5 o más armas calibre 9 milímetros, el más utilizado en Rosario, y situaciones patrimoniales que no fueran coincidentes con esas compras”, dijo Ávila sobre el puntapié de la pesquisa.
Ávila mencionó las variables que llamaron la atención de los detectives: “Adquisiciones muy cercanas en el tiempo, es decir, varias compras, gente que compra tres, cuatro, o cinco pistolas el mismo día, que no tiene ingresos –son bienes caros–, que compran una pistola de la misma marca, modelo y calibre, lo cual es bastante inusual”.
De un universo de 12 sospechosos que en los papeles tenían más de 200 armas legales, en su mayoría pistolas, al momento de los allanamientos sólo se encontraron dos. Tampoco había municiones.
Las cuentas son claras para el investigador: las armas fueron volcadas al mercado ilegal.
“Las armas no están: estamos hablando de muchos millones de pesos. Hay un caso muy emblemático de una misma persona que en los últimos 15 meses compró 35 pistolas calibre 9 milímetros por montos de más de 28 millones de pesos y tiene un ingreso mensual de 600 mil pesos”, graficó el investigador.
En ese sentido introdujo el concepto de “compras de paja” (del inglés straw purchase) para las personas que reúnen las condiciones de ser legítimos usuarios y fungen “prestanombres” sólo para adquirir las armas y desviarlas.
Imputados
Para los imputados Flavio P., y Lucas P. el juez Postma dictó prisión preventiva hasta el 3 de febrero del 2025. Para Federico P., Alexis M., Pablo S., José Martin R., Josué C., Julián B.E., Marcio M., Jorgelina B., hasta el 10 de diciembre. Para Alfredo P., Pablo M. y Daniel P. se dispusieron medidas alternativas a la prisión por tres meses. El delito en común para todos fue “provisión ilegal de armas de fuego con habitualidad en calidad de autor”. Mientras que en algunos casos la Fiscalía les achacó falsa denuncia y tenencias por fuera de la ley.
El camino de la Taurus
Distintos es el caso de Claudio Sancanela, quien es usuario de siete armas (seis pistolas y una escopeta) y ahora fue acusado además de ser el partícipe necesario de un doble crimen cometido el 20 de mayo en barrio Alvear, porque los homicidas utilizaron una de sus pistolas, que había denunciado como robada. Para la Fiscalía no hay dudas de que se trató de una denuncia falsa.
Las víctimas fueron dos chicas, Julieta Gaitán (23) y Dalma García (19), quienes fueron acribilladas por dos tiratiros en Francia y Presidente Quintana. Esa noche la Policía aprehendió a los autores prácticamente en flagrancia y secuestró una Taurus 9 milímetros que, se supo luego, pertenecía a Sancanela, quien hizo la denuncia de robo de cinco de sus pistolas una vez que el crimen había trascendido a la prensa. El juez le dictó prisión preventiva sin plazos.
El fiscal Ávila dijo que aún queda por ver las responsabilidades de las armerías, como la firma Bordoni, que fue allanada y se encuentra ahora clausurada. Pero también en los vínculos de los principales doce imputados. Según se indicó, la mayoría se conoce entre sí.
