Este jueves, a casi una semana de haber sido detenidos, cuatro altos ejecutivos de Vicentín conocerán qué nuevos delitos les imputa la Fiscalía. Según trascendió, se pedirá que sigan presos de manera preventiva.
Y no será un juez, sino un tribunal colegiado quien dirima el pedido. Los jueces serán Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy. Que haya tres jueces escuchando una imputación y resolviendo una prisión preventiva (y no una cuestión de fondo como puede ser un juicio) es toda una novedad y despertó muchas especulaciones. No obstante, en el caso Vicentín -que es tan complejo como extenso- ya se realizaron audiencias con varios magistrados.
¿Será que la decisión que esperan tener que tomar puede ser muy delicada, como dejar a los imputados presos de manera preventiva por dos años, y entonces buscan respaldarse? ¿O será porque la documentación que pondrá la Fiscalía sobre la mesa ameritaría más miradas? Esos son algunos de los interrogantes que se dispararon al conocerse que habrá tres magistrados presidiendo la audiencia.
Los imputados por asociación ilícita son Daniel Buyatti, Néstor Macua, Roberto Gazze, Omar Scarell, Máximo Padoán, Cristian Padoán, Martín Boschi, Sergio Vicentín, Pedro Vicentín, Yanina Boschi, Daniel Foschatti, Estanislao Bougain, Carlos Sator, Diego Boschi, Alberto PAdóan, Facundo Persoglia, Javier Gazzi y Miguel Vallaza.
Si bien a esta hora no está confirmado, es posible que Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze, quienes están detenidos considerados como líderes por los fiscales que llevan adelante la acusación, no sean trasladados desde el centro penitenciario al Centro de Justicia Penal y participen por videoconferencia de la audiencia imputativa.
Además, sobre ellos ya pesa un pedido de prisión por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos, en el marco de la acusación que presentaron a fines de 2023 contra 16 exdirectivos y auditores de la compañía en la Justicia penal de Rosario, por el cargo de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta.
Recién en la audiencia se conocerán las imputaciones, pero ya trascendió que se trataría de presuntos nuevos delitos estafatorios que estos ejecutivos siguen cometiendo (esta vez contra la caja de Vicentín) y que ameritan, a opinión de Fiscalía, la necesidad de sacarlos del ruedo por el peligro que su accionar genera para el sostenimiento de una compañía en grave crisis.
Para Fiscalía, pese a haberse alejado formalmente del directorio tras el default había ejecutivos que seguían muy activos en el manejo de la empresa. En líneas generales, según averiguó Rosario3, se tratarían de maniobras por la que directivos y ex directivos (los accionistas que estaban al frente al momento del default) se llevan dinero de la empresa de manera irregular. Si bien las investigaciones penales arrancaron en 2020, las detenciones de miembros del directorio se pidieron ahora por qué Fiscalía habría descubierto nuevos delitos.
Finalmente, trascendió de fuentes muy vinculadas al proceso la versión de que se podría repetirse mañana una situación bastante parecida al engorroso episodio registrado en una reciente audiencia en el caso del financista Luis Herrera, cuando los fiscales mostraron documentación con pagos realizados fuera de toda norma (y al exterior) a su abogado, Diego Luengo, dejando en off side a su defensa. Habrá que esperar al jueves para ver qué pasará.
¿La Fiscalía tiene cartas ganadoras y por eso pidió las detenciones? Eso se dirimirá en la audiencia de este jueves. Por lo pronto, la defensa, que encabeza el abogado Jorge IIharrescondo, se queja de que recién hoy le estarían acercando las imputaciones porque, entiende, esa demora les complica preparar la defensa y replicar los delitos que se atribuyen. Sobre todo, está en juego la libertad de sus defendidos. Y en tren de calentar el ambiente previo, hasta amenazan con presentar los recursos e instancias internacionales por el no respeto de derecho.
Por eso, sin conocer hasta ahora las imputaciones concretas, la defensa navegó por aguas conocidas: el avance penal se trata de una forma de presionar por un acuerdo comercial entre la malograda defaulteada y sus acreedores estafados.
