Argentina tiene una superficie muy grande (octavo en el mundo) con una población relativamente baja y distribuida de manera heterogénea, lo que genera un desigual acceso a la salud y una franca inequidad. Los sistemas de telemedicina no resuelven este problema, pero contribuyen a mejorar el acceso de las personas más vulnerables a los servicios de la salud.

Muchas entidades, públicas y privadas venían desarrollando en los últimos años distintos proyectos de telemedicina y salud digital: asistencias remotas, videoconsultas, segunda opinión, prescripción electrónica, historia clínica digital y capacitación a distancia con mayor o menor grado de avance y enfrentando diversas barreras, tanto culturales, regulatorias, tecnológicas o económicas, pero marzo de 2020 se puso por delante una pandemia sin precedentes.

Desde la Asociación Civil de Telemédicos de la República Argentina (Actra) aspiran a tener una ley marco que habilite las herramientas digitales (recordemos que la ley del arte de cuidar es de 1967) y contar con un organismo de contralor que acredite a los distintos servicios y tecnologías.

“Sostenemos que la telemedicina es una excelente y probada herramienta que brinda accesibilidad, agilidad, ubicuidad, costo efectividad y sustentabilidad a la práctica sanitaria y que como todo acto profesional, debe ser remunerada a quienes la realicen. Compartimos el concepto que con esta tecnología no se puede, ni se debe reemplazar a los profesionales de la salud, ni mucho menos al examen físico presencial, creemos en el carácter complementario de la misma, entendiéndola como una más dentro del universo de herramientas disponibles para una mejor práctica profesional” afirman desde Actra.

Además consideran que lla bioética y el dictado de las buenas prácticas pondrán los límites precisos para su utilización.