El avance de la pobreza y la indigencia difundido este jueves no es solo un número, un porcentaje. Se trata de un drama que se traduce en situaciones como el mayor número de personas que cartonean y duermen en las calles de la ciudad; el crecimiento de la demanda de ayuda alimentaria que ante el retiro del Estado nacional los actores políticos y sociales locales no alcanzan a cubrir; la cantidad de familias que comen una vez por día, y un aumento exponencial de los consumos problemáticos entre decenas de miles de chicos que no encuentran perspectiva de futuro. Un cóctel explosivo que produce una “rotura social” –tal la descripción de un funcionario provincial con presencia en los territorios– que es, a la vez, caldo de cultivo para la violencia y el delito.
Lo que los índices elaborados por el Indec permiten es graficar la magnitud de la tragedia. El 52,9 por ciento de pobreza que hay a nivel nacional significa que casi 25 millones de argentinos están en esa situación. El 18,1 por ciento indigencia que 8,5 millones no llegan ni siquiera a completar la alimentación básica. En el Gran Rosario los pobres son casi el 46,8 por ciento (632.212 personas) y los indigentes 18,2 (245.946), porcentaje que se triplicó en el último año. ¿Es viable un país que vive un estrago de tal magnitud?
La situación, sostienen los funcionarios de Desarrollo Humano de la Provincia y la Municipalidad, desborda con múltiples síntomas: crisis habitacional, aumento de los consumos problemáticos crecientes de sustancias cada vez más nocivas, violencia de género e intrafamiliar, dificultades para sostener la escolaridad de los chicos y, claro, una mayor demanda de ayuda alimentaria.
La Municipalidad midió, entre enero y junio, un aumento del 60 por ciento de la cantidad de gente que pidió ayuda en sus distintos dispositivos por este tipo de cuestiones. Esa curva ascendente, que se acentuó particularmente en mayo, siguió en ascenso los últimos tres meses. Consultado por Rosario3, Nicolás Gianelloni, secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, vinculó la suba de la demanda sobre los estados directamente con el avance de la indigencia, que de acuerdo con los datos del Indec se triplicó en un año en el Gran Rosario y alcanzó así prácticamente el mismo valor que el índice nacional. Ese 18,2 por ciento de la población es “gente que no consigue sostenerse”, enfatizó.
El censo que la Intendencia hizo entre cartoneros, a partir del visible crecimiento del número de gente que revuelve basura en los contenedores en busca de alimentos o elementos que pudieran tener algún valor, arrojó datos bien gráficos: hay un 40 por ciento más de gente que cirujea, pero además el 13 por ciento de los que lo hacen se volcó a la actividad en lo que va de 2024.
Ramón Soques, secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales de la provincia de Santa Fe, puso especial énfasis en lo que definió como una “rotura social”. En diálogo con Rosario3 desde un barrio donde no paraba de recoger testimonios sobre el avance de los consumos problemáticos, dijo que lo que se ve en los territorios es una situación de “implosiones personales y familiares” que, lamenta, no entran en los debates públicos como a su criterio deberían.
Y puso un signo de alerta sobre lo logrado hasta ahora en materia de contención de la violencia, expresado en la baja de los índices de homicidios: “Este contexto social nos lleva a que todo lo que se está logrando y pudimos avanzar tanto desde las áreas de Seguridad como de Desarrollo Humano para pacificar Rosario se complejice”.
La cuestión alimentaria
Más allá de que los funcionarios remarquen que de ninguna manera es el único frente a atender, la cuestión alimentaria es central. Los números del Indec marcan que casi un quinto de la población no llega a cubrir sus necesidades básicas en esta materia.
El aumento de la demanda en este sentido lo detectan tanto los estados provincial y municipal, como las organizaciones sociales.
Mariano Romero, concejal del Movimiento Evita y a la vez militante social, describió una situación desesperante. Es que la demanda sobre los comedores no para de crecer y el retiro del Estado nacional, que con la llegada de la actual gestión cortó todo envío de alimentos, dejó un vacío que los aumentos en las partidas de la Provincia y la Municipalidad están lejos de cubrir.
“Un 60 por ciento de la mercadería que llegaba era de Nación y se dejó de entregar. Esto hizo que muchos comedores cerraran o recortaran los días que abren”, explicó.
En el caso particular de su agrupación, tenía 80 comedores el año pasado y ahora quedaron cerca de la mitad. “Donde tenemos espacios abiertos viene gente de lejos, por el cierre de otros comedores y merenderos”, relató. Y como la política es atender a todo el mundo, lo que finalmente pasa es que ya no tienen comida para abrir todos los días.
El agujero no es solo por la ausencia de Nación. También se cayeron convenios y donaciones de comercios barriales, que frente al derrumbe de las ventas se quedaron con menos margen para entregar mercadería.
El aumento de la demanda, explicó Romero, se compone de familias que tienen un sueldo, pero ya no les alcanza. Y también de muchos que perdieron su puesto de trabajo, fundamentalmente porque el fin de la obra pública expulsó a miles de trabajadores de la construcción del mercado laboral.
Gianelloni suma a un nuevo sujeto que demanda asistencia alimentaria: los adultos mayores a los que la jubilación no les permite sostener la canasta básica, como así también gente con empleo, asignación universal y Tarjeta Alimentar, pero a la que incluso así no le alcanza. “Se va reconfigurando todo lo que tiene que ver con el tejido social”, advirtió el funcionario municipal.
Lo cierto es que la Provincia y la Municipalidad aumentaron en agosto en alrededor de un 30 por ciento los montos que invierten en programas alimentarios, y así y todo ambas jurisdicciones admiten que no alcanza. “La Nación es la pata que falta en la mesa. Ese aporte hoy no existe”, coinciden Gianelloni y Soques.
Algo que preocupa de cara a diciembre, un mes en el que siempre la situación social adquiere mayor tensión. De hecho, revelaron otras fuentes de la administración Pullaro, ya comenzaron las reuniones entre ambas jurisdicciones para delinear ese escenario. Con una esperanza: que a partir de la difusión de los índices de pobreza e indigencia el gobierno nacional tome nota de que también es necesaria su presencia en el territorio más allá de lo policial para llegar con la asistencia a la mayor cantidad de familias posibles.
Al límite
“Estamos al límite”, advierte Ramón Soques, y se manifiesta conmovido por lo que escucha de los vecinos sobre cómo los pibes consumen cada vez más alcohol y se queman las manos fumando “una porquería tóxica” que ni siquiera tiene “un dos por ciento de cocaína”.
El deterioro lo detectan también con los diez mil pibes que participan en el plan Nueva Oportunidad, un programa que trabaja en la contención y formación de chicos en situación de vulnerabilidad social. “Muchos llegan con evidentes signos de deficiencias alimenticias, tanto que incluso hemos tenido que repensar actividades que requerían esfuerzo físico”, lamenta.
Mientras tanto, toma forma una pregunta que inquieta: ¿qué futuro incuba una sociedad que nubla de tal manera el horizonte de sus jóvenes? En estas condiciones, ¿cómo hacer para que estos chicos puedan pensarse en otro lugar?
