Los represores podrán presentarse como víctimas del proceso de justicia ante los estrados judiciales. Será el próximo jueves en una audiencia que ordenó la Cámara del Crimen –un tribunal elegido por las organizaciones que defienden a los criminales de la última dictadura. A priori, no podrán participar las víctimas del terrorismo de Estado ni los organismos de derechos humanos.
Diez organizaciones que se presentan como de “memoria completa” generaron un proceso inédito para intentar que los pocos represores que aún están presos puedan salir de las cárceles. Para ello, plantearon un hábeas corpus diciendo que se habían agravado las condiciones de detención de los detenidos por lesa humanidad porque, a su entender, no se cumple con la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores, que insta a buscar medidas alternativas a la prisión.
La movida judicial la encabeza Justicia y Concordia, que reúne a letrados que actúan como defensores en los procesos por crímenes de lesa humanidad. Los abogados que motorizan la acción son Guillermo Fanego, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean. Fanego suele referirse a las víctimas de los juicios como “malandras”. Olea y Saint Jean son los dos abogados que compartían chats con los diputados oficialistas que fueron a visitar a Alfredo Astiz en el penal de Ezeiza.
Justicia y Concordia eligió la jurisdicción más amable. Fue a la justicia nacional ordinaria, que tiene competencia únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y no es competente en las causas de lesa humanidad.
El caso quedó en manos del juez Martín Yadarola, que ya falló en dos oportunidades en contra de sus intereses. La primera vez rechazó el hábeas corpus. La segunda vez sostuvo que él no tenía competencia material ni territorial para actuar.
Pese a los rechazos de Yadarola, Justicia y Concordia encontró un aliado clave en la Cámara del Crimen. En primer lugar, los camaristas Magdalena Laiño y Rodolfo Pociello Argerich revocaron la decisión del juez y le ordenaron recabar información sobre los detenidos de lesa humanidad. Yadarola lo hizo: pidió datos a los distintos juzgados. Entendió que el universo de 85 represores referenciado en el hábeas corpus era heterogéneo.
Señaló que había detenidos que ya estaban en domiciliaria; había detenidos a los que se les había concedido ese beneficio pero no se había hecho efectivo porque estaban hospitalizados;
había un detenido al que se le revocó la domiciliaria porque lo estaban investigando por abuso sexual; había un detenido al que se le revocó la domiciliaria porque se llevaba mal con su hijo y con su esposa; había quienes –como el cura Christian Federico von Wernich– habían desistido de la libertad condicional porque no tenían adónde ir.
A pesar de esto, la Cámara volvió a revocar la decisión de Yadarola. Lo hizo el camarista Hernán López en tiempo récord. Le bastó poco más de una hora para ordenarle que hiciera una audiencia para escuchar a las partes. Los represores ya avisaron que quieren ser escuchados.
La audiencia ya fue convocada. Será el jueves próximo a las 10 de la mañana. Los represores podrán participar por Zoom desde las unidades en las que están detenidos.
El resto de las partes deberán intervenir de manera presencial. La Cámara le ordenó a Yadarola que convoque al Servicio Penitenciario Federal (SPF) y a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Los dos organismos dependen de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. De hecho, Asuntos Penitenciarios está en manos de su abogado, Julián Curi.
“La expectativa es que el Poder Ejecutivo se allane”, estima un juez federal que sigue con perplejidad el devenir del proceso. ¿Qué quiere decir allanarse en este caso? Que diga que los presentantes tienen razón: que no hay condiciones para mantener detenidos a adultos mayores.
Hay varios indicios en esa línea. Bullrich habló del proceso de justicia como venganza e incluso llegó a decir que tiene detenidos mayores de 90 años con cáncer terminal. Los datos la desmienten. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, publicó el año pasado en La Nación que los equipos de Bullrich trabajaban en la búsqueda de una solución para los represores mayores de 70. Casualmente invocó la Convención Interamericana sobre Personas Mayores: el leitmotiv de la presentación de las organizaciones de memoria completa.
Yadarola deberá también oír a todas las organizaciones que presentaron el hábeas corpus, que estarán representadas por Alberto Solanet y Carlos Bosch, de Justicia y Concordia. Deberán hablar en nombre del Foro de Generales Retirados, el Foro de Almirantes; la Unión de Promociones, la Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo, la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (Afyappa) que preside Cecilia Pando y la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita).
La vicepresidenta de Afavita es Silvia Ibarzabal, asesora de Luis Petri en el Ministerio de Defensa. Petri echó a los equipos de expertos que analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas y los reemplazó por dos hijos de militares, Ibarzábal y Arturo Larrabure, que secundó a Victoria Villarruel en el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). Los dos asesores –que marcan el pulso del área de derechos humanos de Defensa– se expresaron a favor de que los criminales de lesa humanidad estén en sus casas.
Las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) demuestran que la prisión domiciliaria es la regla en estos casos: casi el 80 por ciento de los represores están en sus casas. Esto implica que la justicia federal no tiene un comportamiento "omisivo", como sostiene Justicia y Concordia.
A partir del hábeas corpus, el juez Adrián Grünberg, del Tribunal Oral Federal (TOF) 1, pidió informes al SPF sobre las comodidades que tienen los detenidos en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Le dijeron que cuentan con espacios de deportes y caminatas, canchas de tenis, talleres de teatro, historia, filosofía, reeducación postural y stretching, entre otras. La información recabada confirmó un relevamiento que había hecho en 2021 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Campo de Mayo y en Ezeiza, en el que se mostraba que las condiciones de detención de los represores eran más que satisfactorias.
