Este fin de semana hubo nuevos allanamientos y detenciones de personal policial sospechado de haber participado de allanamientos ilegales. En total fueron 10 agentes los aprehendidos, por un procedimiento irregular en barrio Puente Gallego en octubre de este año. Desde la Provincia aseguraron que este tipo de detenciones significan un “golpe duro” pero que al mismo tiempo “da muestra de cómo es esta gestión en materia de seguridad”
“En los casos en los cuales hay policías que usan el uniforme para cometer delitos, cae sobre ellos todo el peso de la ley y en los casos de los policías que usen uniformes para hacer bien su trabajo, recae sobre ellos todo el apoyo del gobierno”, destacó en Radiópolis (Radio 2) el secretario de Análisis y Gestión de la Información del ministerio de Seguridad, Esteban Santantino.
Además, el funcionario reconoció que “sería muy ingenuo pensar en que son hechos aislados”. “Hablamos de una fuerza de seguridad con 25 mil hombres a la que se le suma el servicio penitenciario. Por supuesto que hubo, hay y va a haber situaciones irregulares y delictuales que hay que seguir resolviendo, no podemos escapar a esta realidad”.
“Hay que recordar también que los últimos jefes de la policía federal en Santa Fe terminaron procesados, imputados y apartados por hechos de corrupción y connivencia con el narcotráfico”, agregó.
Otro caso reciente
La semana pasada Rosario3 publicó que cuatro policías de la brigada motorizada fueron imputados en la mañana de este jueves por haber llevado adelante el pasado 7 de diciembre un allanamiento ilegal en la casa de un motociclista al que habían detenido en Esmeralda e Ituzaingó, en el barrio República de la Sexta, por no tener DNI ni los papeles de su vehículo.
El fiscal Pablo Socca también les atribuyó el robo de pertenencias de la víctima, irrupción en otro domicilio sin permiso y haber plantado un revólver.
Ante la jueza Paula Álvarez, el fiscal acusó a Lucas Brest, Bernardino Fernández, Julián Márquez y Matías Ovando por el procedimiento trucho. Todos quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de seis meses, según resolvió la magistrada al terminar la audiencia en el Centro de Justicia Penal.
