Un instrumento más de presión a los jueces. Así pueden observar los magistrados locales al proyecto que tiene previsto presentar esta semana en la Legislatura santafesina el diputado Roy López Molina. Una herramienta de transparencia para conocerlos y saber cómo trabajan. Esta puede ser la inquietud del ciudadano común. Son dos miradas ante el mismo hecho.

Básicamente, el proyecto propone crear y mantener en forma permanentemente actualizada una web con información de contacto, académica y profesional de los funcionarios del poder Judicial, incluyendo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Es información actualizada sobre magistrados de cualquier fuero e instancia, integrantes del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, incluyendo secretarios. Abarca desde antecedentes académicos y causas en trámite (cuáles y en qué estado están) hasta declaración jurada de bienes presentadas ante la Corte santafesina.

Plantea que a su vez, esté disponible para los ciudadanos de un modo libre, gratuito, accesible, completo y periódico. “El proyecto de ley otorgará mejores herramientas para transparentar el sistema judicial y para que entre todos se logre defender la Justicia pero no a los jueces”, contó López Molina en contacto con este cronista.

El proyecto de ley prevé que se incluya una foto oficial de los funcionarios judiciales con datos personales de los mismos, también, un correo electrónico y número telefónico de la oficina, que permita el fácil contacto para los ciudadanos. Para su autor, la iniciativa busca “que este nuevo sistema represente un verdadero cambio, porque Santa Fe necesita acercarse a una Justicia mucho más transparente y equitativa. Necesitamos una Justicia más transparente”.

El momento es clave. Es claro que el manejo del termómetro que marca la indignación social está en su punto máximo: mientras la estadística publicada por Rosario3.com, arroja que en Rosario murieron 24 personas en 30 días en crímenes motivados de las maneras más variadas, que abarcan desde robo tipo entradera pasando por arrebato o resolución de conflictos interpersonales, la mirada política está colocada en extremos opuestos. Basta con pensar en la presentación que el gobernador Miguel Lifschitz dio en la mañana de este lunes en Santa Fe, al plantear una reforma constitucional. Por ese acto pasaron integrantes de todo el Frente Progresista y también referentes de Cambiemos, en medio de una puja por el rol radical y la necesidad de la coalición gobernante de dejar en claro dónde está parada la fuerza de los boinas blancas. Nada más lejos, en tiempos, que la preocupación ciudadana.

López Molina piensa diferente: mientras el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro pidió el cese del “garantismo”, el diputado da en el clavo con un mensaje que la sociedad quiere escuchar: si los responsables son los poderes del Estado, el Judicial no tiene por qué estar exento. La impunidad no debe existir para delincuentes. Pero el anonimato, sueldos exentos de imputeso a las ganancias y estabilidad laboral a cambio de muy poco compromiso de algunos magistrados, tampoco.

“Algunos jueces garantistas dan 13 años de cárcel por un delito por el que otros países otorgan 24 ó 36. Y sabemos que ni siquiera cumplen los 13, porque a los seis salen libres como pasó con esta persona que volvió a matar”, había señalado Pullaro en referencia al coautor del crimen de Fabricio Zulatto. La referencia fue para Luciana Prunotto, la jueza que firmó la prisión en libertad condicional de Andrés Soza Bernard, imputado como asesino y/o autor intelectual del crimen del joven deportista de 22 años que apareció muerto en un pozo ciego tras estar dos días desaparecido.

Pullaro fue duro y dijo que “en nuestro Ministerio nadie puede hacerse el boludo. Venimos a trabajar a las 6 de la mañana y nos vamos a las 22. Damos la cara siempre”, exclamó la semana pasada, en la que se desató una ola de muertes de 3 muertes seguidas en episodios como entraderas y robos al voleo.

La pelea se tornó política y a través de los medios. El Colegio de Magistrados le respondió a Pullaro, lo mismo que hizo el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta lo hizo tanto con él como con Ricardo Silberstein, ministro de Justicia provincial. En Radiópolis, por Radio Dos, el integrante del máximo tribunal se refirió a las críticas de los ministros de Seguridad y Justicia y dijo: “La próxima vez que opinen sobre un caso, no tengo problemas de opinar de la Policía”.

Pero sucedió, además del acto por la reforma constitucional santafesina, otro hecho significativo. Nadie pareció tomar nota de la marcha que se gesta en Rosario para este jueves 25 de agosto, frente a Tribunales. Como si hablar de otra cosa cambiara la realidad. Son los peligros de intentar la construcción de un relato diferente a lo que se vive. Una lección que algunos gobiernos se niegan a aprender.