El principal investigado dentro de la red de juego clandestino que desde Rosario operaba para Cañada de Gómez, Armstrong, Las Rosas y Villa Constitución se entregó este jueves y ya fue imputado.
Según información de Telenoche (El Tres), el juez Ignacio Vacca dictó para él una prisión preventiva de 30 días. Es el empresario Roberto P., a quien Gendarmería no encontró en los allanamientos del pasado viernes.
Acto seguido, la fiscal de la Unidad de Villa Constitución Valeria Pedrana (MPA), quien trabaja junto al secretario Franco Carbone, le atribuyó los delitos de “asociación ilícita en carácter de jefe, en concurso real con la explotación, operación y organización de juegos de azar sin la autorización pertinente de la autoridad competente, en concurso ideal con defraudación a la provincia de Santa Fe”. La pena en expectativa para él si el proceso avanza con esa calificación es de 5 a 10 años de prisión.
De acuerdo a las fuentes consultadas, se trata de uno de los cabecillas. Esperaban encontrarlo inicialmente en la propiedad de Zeballos al 4600 –que funcionaba como centro de distribución– o en una casa de un barrio privado de Funes.
“Como fachada para la actividad ilegal utilizaba una SRL de entretenimientos”, describió un investigador. Con ella proveía la logística necesaria a los “garitos”, como computadoras y hasta software. Tras ello, obtenía de cada uno de los sitios una retribución semanal o mensual y un porcentaje de ganancias de alrededor del 60%, de acuerdo a la acusación que pesa sobre él.
Este jueves se presentó también Gastón G., quien tras la audiencia quedó en prisión preventiva domiciliaria. En ese caso, la fiscal Pedrana le atribuyó el rol de partícipe pero no de organizador de la asociación ilícita. Es un programador, entre otros profesionales o integrantes con distintos roles como contadores o recaudadores.
En el despliegue del Ministerio Público de la Acusación y Gendarmería contra la banda hubo más de 30 allanamientos contra una veintena de personas, la mayoría de las cuáles ya fueron imputadas. Se decomisaron 275 computadoras, 1,7 millón de pesos y armas. Aún queda un integrante prófugo.
