El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich , da un nuevo paso en sus señales de respaldo a los miembros de las fuerzas de seguridad, con la creación de la Unidad de Garantía de Derechos Humanos para asistir a los efectivos policiales y de seguridad federales.

"Los derechos humanos son para todos los ciudadanos y hasta hoy las fuerzas de seguridad estaban excluidas. Debían ser garantes de los derechos humanos de la ciudadanía, algo que son, pero no eran concebidas como sujetos de este derecho", explicó Patricia Bullrich.

Desde Seguridad también aclararon que no se trata "bajo ningún punto de vista de una revancha", sino que la meta es igualar derechos y "poner la prioridad en la víctima y no en el victimario".

"Hoy con uniforme no hay derechos humanos. No restringimos nada, estamos dando un paso para completar la acción de los derechos humanos en la Argentina", explicó Daniel Barberis, director de Violencia Institucional de Seguridad.

Se trata de un nuevo "concepto inclusivo", aseguró Bullrich. Y agregó: "Es una concepción que integra un derecho a un colectivo que estaba excluido" de ese derecho.

El Ministerio de Seguridad trabajó en la puesta en marcha de la unidad con la Secretaría de Derechos Humanos, que lidera Claudio Avruj. "Está bien la decisión. Está enmarcado en el plan nacional de derechos humanos", describió el secretario.

La nueva unidad buscará respaldar a los integrantes de las fuerzas de seguridad federales que sufran maltrato.

Hubo dos casos que terminaron por decidir a Bullrich en la implementación del área: la agresión que sufrió un prefecto en un colectivo, imagen que se viralizó por las redes sociales, y los escraches de los que fueron víctimas hijos y familiares de los gendarmes involucrados en el caso Maldonado.

La unidad tiene como objetivo "lograr una acción reparadora de los daños causados por agravios a los derechos humanos de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales, ya sea por otros miembros de las fuerzas o bien por ciudadanos"

No se trata de una reparación económica, sino del respaldo institucional frente a los daños causados por agravios, ya sea por otros miembros de las fuerzas de seguridad o por ciudadanos. "Tienen que saber que estamos con ellos. Estamos convencidos de que los derechos humanos tienen que ser integradores", describieron fuentes oficiales.