Las cuatro personas que fueron detenidas en la noche del miércoles por falsas amenazas de bombas serán imputadas este viernes en los tribunales provinciales. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que en todo el año hubo 300 llamadas de este tipo y un gasto aproximado de cinco millones de pesos por los procedimientos que cada comunicación requiere.
En conferencia de prensa, el fiscal de Cibercrimen Gustavo Ponce Asahad expresó que todos los arrestados son los titulares de las líneas de donde salieron las falsas amenazas. Agregó que los siete allanamientos se hicieron en un horario pensado después de la cena para que estuvieran presentes la mayoría de los miembros familiares. "En algunos casos hubo chicos decían que la línea la usaban ellos, que habían hecho la llamada. En un principio, los padres desconocían que sus hijos eran los autores", señaló.
"Es una investigación que recién empieza. Hay una batería de medidas a desplegar. Todas las denuncias merecen ser investigadas como corresponde. Cuando se identifique el titular de la línea que hizo una, la persona afrontará el proceso penal", destacó.
Por su parte, el director de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, Darío Chávez, dijo que en lo que va del año el 911 recibió unas 300 llamadas. Estimó que todos los procedimientos realizados por protocolo significaron un costo de cinco millones de pesos al Estado provincial.
Además, Chávez reiteró que no descartan que algunas falsas amenazas estén "digitadas" por alguien. "Llama la atención que a veces tenemos diez llamadas en el mismo momento", finalizó.
