El pasado 25 de abril se llevó a cabo en Rosario una subasta pública de vehículos que habían sido objeto de secuestro en causas penales, muchas de ellas aún en trámite y sin resolución de fondo. Un remate organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) en el Salón Metropolitano de Rosario. Entre los 40 rodados ofrecidos, que juntaron polvo durante años en un depósito, llamó la atención un auto retro: un Triumph TR3 modelo 1959.
Ese día el Triumph fue noticia porque un postor que levantó la mano ofreció plata que al final no tenía, cometiendo una contravención. Por ello intervino la fuerza pública y terminó demorado.
Acaso cuando leyó esa nota, el hombre al que años atrás le secuestraron el vehículo británico suspiró con alivio. Al menos por un rato.
El auto pertenece o supo pertenecer a Alfredo Laborde Frías, mecánico rosarino y coleccionista de vehículos antiguos. Desde hace un lustro este hombre hoy radicado en Funes está inmerso en una causa penal –en rigor una imputación por estafa– tras una denuncia por parte de familiares. “Una disputa con sus hermanos que deberá resolver la Justicia”, describieron desde el entorno de Laborde, quienes aclararon que “no tiene que ver con ningún tipo de actividad ilegal y, menos aún, con el narcotráfico”.
La aclaración, sostienen, viene a cuento porque en diversas comunicaciones del gobierno provincial se refirió que los vehículos subastados fueron confiscados a “organizaciones criminales”, terminología que le provocó “daños y perjuicios” a Laborde “tanto en el seno familiar, como en su círculo de amistades de los amantes de autos antiguos, entre sus vecinos, ya que ese Triumph debió ser resguardado y no ofrecido en la subasta”. El auto era de su padre y Laborde lo heredó, no sin conflictos con otras partes interesadas.
¿Cómo llega ese Triumph a manos de la Aprad? Laborde aseguró que, en medio del litigio familiar y mediante una acción interpuesta por sus hermanos respecto de la titularidad de cuatro vehículos antiguos –denuncia a la que Laborde calificó “no real”–, el fiscal Miguel Moreno (Delitos Económicos) ordenó el secuestro del coche, que estaba en su casa de Funes. Desde entonces los coches juntan polvo en un depósito judicial.
“El hecho que se le atribuye al imputado [es decir, al propio Laborde] data de 2018 y esta demora no puede ir en desmedro del encartado, ya que es responsabilidad directa de la autoridad estatal garantizar el debido proceso y dar una respuesta punitiva en un plazo razonable”, señaló Laborde por medio de su abogado en un escrito presentado al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a fines de abril, donde solicitó su sobreseimiento y que se frenaran los trámites de subasta que finalmente se llevaron a cabo el pasado 25 de abril.
En el escrito, Laborde aseguró que la Justicia Federal ya tuvo un pronunciamiento respecto de la denuncia en su contra y “no la consideró delito”.
En rigor, desde el entorno de Laborde señalan que el litigio sobre los vehículos debería ser una "cuestión civil" y que "las presuntas víctimas podrían concurrir a hacer valer su derecho dentro del expediente sucesorio".
En tanto, desde el gobierno indicaron a este diario que “casi todos los autos tienen un litigio en marcha” y que la ley tiene la particularidad de la “subasta anticipada”.
“Son vehículos que están hace muchos años en el depósito de la Aprad y esa custodia genera costo, por eso se define subastarlo, para no seguir generando costo de mantenimiento”, indicó un vocero.
