La empresa de transporte público Movi que presta servicios en Rosario apeló el fallo judicial que la obliga a sumar a su planta permanente de choferes a cuatro mujeres que habían presentado un amparo por discriminación de género. Para la abogada de las amparistas, Romina Perea, “la apelación es una maniobra dilatoria”.

Entre las objeciones planteadas por la empresa Movi, su gerente ejecutivo, Alejandro Gentili, explicó en La primera de la tarde (Radio 2) señaló: “Las incorporaciones futuras se realizarán siempre y cuando haya vacantes. La situación que atraviesan las empresas de transporte urbano de pasajeros son complejas en todo el pais con el retiro de los subsidios nacionales y los problemas que conlleva la inflación, por lo tanto no tienen margen de contratar más personal que el estrictamente necesario para el funcionamiento del sistema”.

Además, señaló que “se pidió a la jueza que aclare que deberán someterse previamente a los exámenes psicofísicos de rigor y negó que se les vaya a pagar por daño moral”, como dictamina el fallo, por haber sido víctimas de violencia de género, en virtud del manifiesto incumplimiento a la legislación.

“Esta apelación obstaculiza el acceso de las mujeres. Nos oponemos a que se suspendan los efectos de la sentencia”, dijo Perea en Radio 2 y agregó, en relación con la falta de vacantes a la que alude la empresa: “Hubo 342 vacantes en los últimos años, justo ahora que tienen que ingresar las cuatro mujeres, no hay vacantes. Es evidente que esta apelación obstaculiza el acceso de mujeres”.

La abogada dijo que esta semana se presentarán con la documentación de las cuatro choferes para que se suban a los colectivos y empiecen a trabajar. Luego esperarán los resultados de la apelación, sobre la cual precisó: “Por lo que dicen en su presentación, para la empresa estatal no hay mujeres idóneas en la conducción de colectivos”.