Prácticas policiales y de fuerzas de seguridad que van desde detenciones ilegales, malos tratos, torturas, hasta ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte. La violencia institucional en Santa Fe es una problemática preocupante, de acuerdo a lo que señalaron desde el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP). En 2018 se contabilizaron en la provincia 958 casos que comprenden a 579 víctimas, de las cuales algunas de ellas sufrieron más de un hecho.

“Los números son relativos porque son los casos que nos llegan a nosotros de nuestro trabajo en lugares de encierro o de personas que se llegan a la Defensoría a hacer denuncias o buscar asesoramiento pero no son la totalidad de situaciones”, advirtió en Radiópolis (Radio 2) la defensora General Jaquelina Balangione, quien ayer presentó ayer por la tarde el informe anual del Registro Público Provincial de Violencia Institucional -período 2018- ante el Consejo Asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario.

Del total de víctimas registradas, 280 se encontraban en la circunscripción judicial de Rosario, 108 en la de Santa Fe, 84 en Reconquista, 73 en Rafaela y 34 en Venado Tuerto. Además, de los 958 casos de violencia institucional, 515 fueron maltratos físicos, 252 psicológicos y en 191 ocasiones se afectó a los derechos humanos.

Balangione explicó que desde el organismo que lidera se intensifican políticas y mecanismos para detectar aquellos casos que no son denunciados y precisó las razones de las víctimas para no hacerlo, siendo el motivo más habitual el temor a recibir represalias.

Cuatro plazas

La investigación del ataque a 7 jóvenes en las Cuatro plazas el 23 de marzo de 2018 sumó 8 imputaciones más a policías ya implicados y a una docena de policías acusados por primera vez, según publica hoy el diario Rosario12. Así, ya son unos 20 los agentes involucrados. En el inicio de la investigación fueron diez los policías imputados, de los cuales tres quedaron implicados en aquella agresión que para la querella encuadra en torturas.

Según precisó el diario, ayer se acusó a doce -uno no fue notificado y deberá ir en los próximos días- agentes más. Se trata de los que "se quedaron mirando y no impidieron" la golpiza a uno de los chicos, en Marcos Paz al 6700. Ocho de ellos tuvieron participación en el suceso. En tanto, los nuevos hechos achacados a los primeros agentes imputados -a quienes les ampliaron la imputación- fueron los que se registraron en la comisaría 14ª, donde la golpiza siguió, tras las detenciones.

La fiscal Karina Bartocci y la querella, representada por el equipo jurídico de APDH, coincidieron en la individualización de todos los agentes que intervinieron en los hechos de apremio y hasta torturas. "Es un paso muy importante el que se dio porque se avanza con seguridad hacia el posible juicio", dijo la abogada querellante Julia Giordano.

Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos

La Cámara Baja dio media sanción a la ley que establece la creación del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos. El proyecto del legislador Santiago Mascheroni fue unificado con una iniciativa de la legisladora Gutiérrez.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley del legislador Santiago Mascheroni, unificado con una iniciativa de la legisladora Alicia Gutiérrez, que establece la creación del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos. El mismo busca garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y tiene competencia sobre cualquier centro de detención ubicado en el territorio santafesino.

Dicho sistema está integrado por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe, el Consejo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros malos tratos y todas aquellas instituciones gubernamentales provinciales y municipales, entes públicos y organizaciones de la sociedad civil que estén abocados a este tema.

Gutiérrez destacó el avance de esta normativa que “constituye una herramienta para luchar contra un grave flagelo que nos aqueja”, como son los casos de violencia institucional, malos tratos y abuso que sufren las internas y los internos dentro de las instituciones carcelarias. Asimismo, sostuvo la importancia de contar con “la participación de las organizaciones de derechos humanos” para llevar adelante su implementación.

El proyecto tiene como finalidad promover políticas públicas, reformas legislativas y administrativas, y campañas orientadas a prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, aprobado por la Ley nacional 25.932, y la Ley nacional 26.827, sancionada en 2012, que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

La diputada, y presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, recordó que el proyecto de su autoría, presentado por primera vez en el 2008, obtuvo media sanción en cinco oportunidades anteriores, pero en cada ocasión perdió estado parlamentario debido a su falta de tratamiento en el Senado.

“Esperamos que esta vez logremos el acompañamiento de la Cámara de Senadores y se apruebe la ley para prevenir la tortura y tratos crueles e inhumanos en los centros de detención. Si bien el gobierno provincial ha tomado diferentes medidas al respecto se necesita de una normativa que aborde esta problemática de forma definitiva”, concluyó la legisladora Gutiérrez.