La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este sábado un "uso innecesario o desproporcionado de la fuerza" contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad en Bolivia.

En concreto se refirió a la muerte de manifestantes (al menos ocho) en la ciudad de Sacaba, Cochabamba, "presuntamente a consecuencia del uso de munición letal por parte de las fuerzas de seguridad".

"Tenemos información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 sólo en los últimos seis días", indicó la ex presidenta chilena. Otras fuentes indican que los muertos son más y que no se informan por el cerco mediático instalado en ese país tras el golpe de Estado.

"Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar", apuntó.

Bachelet condenó estas muertes y advirtió que implican un peligro extremo puesto que lejos de apaciguar la violencia "es posible que la empeoren", informó Télam.

"Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos", agregó, según la agencia de noticias Europa Press.

Para Bachelet, Bolivia es "un país dividido" por la indignación que existe en los distintos sectores del espectro político.

"En una situación como esta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira, y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible", advirtió.

Expresó gran inquietud no sólo por los muertos y centenares de heridos, sino porque se han registrado numerosas detenciones: más de 600 desde el 21 de octubre, "muchas de ellas durante los últimos días".

La Alta Comisionada ha pedido a las autoridades revelar el número de personas arrestadas, heridas y fallecidas durante las protestas e insistió en la necesidad de investigar con "celeridad, imparcialidad, profundidad y transparencia" los hechos para que haya una rendición de cuentas de los responsables.

Además, pidió a las autoridades que se abstengan de emplear a las fuerzas militares en operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas. "Esta situación no será resuelta por medio de la fuerza y la represión. Todos los sectores tienen el derecho a hacer oír sus voces, cuestión fundamental para la democracia. Insto a todos los actores, incluyendo a los manifestantes, a que renuncien a la violencia para transitar hacia una solución pacífica a la crisis actual", concluyó.

La elección, el golpe y la autoproclamación

La crisis política en Bolivia estalló tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre. Evo Morales proclamó su victoria en primera vuelta mientras que la oposición denunció un "fraude gigantesco". La auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó "irregularidades" y sugirió reiterar los comicios.

Morales tomó ese informe de la OEA y convocó a nuevas elecciones. Sin embargo, con la Policía amotinada junto a los opositores en la calle y ante una insubordinación de las Fuerzas Armadas (que sugirió la renuncia del presidente) dimitió el domingo por la tarde para cuidar la vida de sus ministros y dirigentes del MAS (los golpistas incendiaron casas y los amenazaron de muerte).

El martes Evo llegó a México en calidad de asiliado político. La vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, se autoproclamó mandataria interina (en una sesión sin el quórum legal para poder hacerlo). Si bien aseguró que su objetivo era celebrar nuevas elecciones, intensificó la represión y no llamó a nuevos comicios como había hecho Morales antes de su renuncia que calificó de golpe de Estado.

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