El Sindicato de Prensa (SPR) publicó y difundió un comunicado en el que expresó su enorme preocupación por “la limitación al trabajo periodístico ocurrida este mediodía en el Centro de Justicia Penal” cuando las periodistas María Laura Cicerchia del diario La Capital y Almudena Munera de Televisión Litoral concurrieron a realizar la cobertura de una audiencia imputativa por un hecho que se produjo una semana atrás y en el que resultó muerto un hombre en Alvear al 1500. Allí, una de ellas fue informada por la policía que cumple funciones en el Centro, que no podía utilizar su computadora y, minutos después, ambas trabajadoras de prensa recibieron la comunicación de que debían entregar sus teléfonos celulares si querían permanecer en la sala.
Las periodistas manifestaron su total negativa al insólito requerimiento de la jueza penal Lorena Arone. “Se trató de sus dispositivos personales en los que se guarda información privada, tuvieron la convicción de ser violentadas en sus derechos y tal situación forzó el retiro del lugar sin hacer la cobertura”, advirtieron desde el sindicato.
“La enorme limitación al trabajo periodístico y el malestar que de manera institucional provocó la decisión de la magistrada fue puesta en conocimiento y a manera de denuncia ante el secretario de la Corte Suprema de Justicia Carlos Crespo. Cabe recordar que años atrás se trabajó, junto a magistrados y al área de Prensa de la misma CSJ, en un protocolo para las coberturas en el proceso oral y público, protocolo que en esta ocasión se violentó o se ignoró. El SPR planteó también la inquietud por el proceder de la jueza Arone ante la coordinadora del Colegio de Magistrados, Silvia Castelli.
“El SPR expresa con firmeza que lo ocurrido ayer en el CJP no debe volver a repetirse, una condición necesaria para la defensa del trabajo periodístico y la necesidad de nuestra sociedad a estar informada”, concluyeron.
