El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Diego Giró y Franco Carbone, encabezaron este martes la inactivación de dos búnkeres ubicados en la zona noroeste de la ciudad de Rosario. La intervención se da en el marco de la Ley de Microtráfico.
Durante el procedimiento, en Bello 3936 y Oria 4055, el titular de la cartera provincial de Seguridad explicó que "son lugares muy emblemáticos desde el punto de vista de la seguridad", es que, se trataba de lugares "vinculados a Hernán "Lichi" Romero, jefe del clan Romero, que habían sido allanados en varias oportunidades, siendo viejos puntos de venta, pero que seguía funcionando".
De acuerdo a lo que señaló Cococcioni "algunos de los grupos que gestionaba estos puntos de venta ocasionaron balaceras, heridos de armas de fuego e incluso fue un lugar que tuvo actividad comandada desde la cárcel de Piñero hasta hace un año".
El ministro, por otra parte, adelantó que en los próximos días acudirán a la Legislatura para "fundamentar una tercera opción de inactivación de estos lugares".
Propondrán, en palabras de Cococcioni, "directamente la ocupación positiva del lugar con actividades estatales o sociales como forma de impedir que vuelvan a apropiarse los delincuentes de un lugar inactivado". Dio cuenta que este año se inactivaron "36 puestos de venta de estupefacientes en toda la provincia, de los cuales 27 fueron en Rosario".
Por su parte, el fiscal Diego Giró dio detalles sobre cómo llegaron a estos dos búnkeres. Remarcó que fue gracias a los "llamados de vecinos que daban cuenta de venta de estupefacientes en estos lugares". "A raíz de eso se coordinó con la PDI una investigación que comenzó en agosto y se pudo constatar las ventas de estupefacientes de manera constante", sumó.
En ese sentido, aseguró que esa zona "históricamente estuvo vinculada a la banda de Lichi Romero, quien está preso como jefe de una asociación ilícita y por delitos conexos".
Ley de Microtráfico
Este tipo de operativos de inactivación y derribo de búnkers se da en el marco de la ley de Microtráfico, que comenzó a principios de este año. Para ello, trabajan de manera coordinada el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.
Se trata de una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de "microtráfico" o "narcomenudeo", que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial. También se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto.
