En septiembre de 2002 Eduardo Duhalde era el presidente de los argentinos y el dólar estaba en 3,60 pesos. Carlos Reutemann era gobernador y Hermes Binner, intendente. WhatsApp y Twitter no existían y Mark Zuckerberg aún no había lanzado Facebook ni mucho menos soñado con transmitir recitales en vivo desde una casa para todo el mundo. Pero ese mes la Cámara de Diputados de Santa Fe le daba media sanción a la ley de acceso a la información pública por primera vez.
Los diputados y la sociedad civil que impulsó aquella iniciativa celebraron el paso adelante para democratizar los poderes del Estado. Pero pasaron los meses y el Senado provincial no trató el tema. Lo cajoneó. Diputados insistió, con otras conformaciones y otros legisladores de todas las extracciones políticas, pero año tras año los referentes de los 19 departamentos de Santa Fe tabicaron ese proyecto. Lo ignoraron, lo eludieron, votaron otras cosas para salir del paso. Pero nunca lo aprobaron.
El jueves pasado Diputados dio media sanción, por octava vez, a un proyecto que ya no se discute en las democracias. Fue votado de forma unánime y girado al Senado, donde debería analizarse al menos en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y en la de Presupuesto y Hacienda, algo que una semana después no había ocurrido.
“En el Senado gana el secreto y el oscurantismo”
El diputado provincial Gabriel Real afirmó a Rosario3 que “se aprobó por octava vez y por unanimidad, siempre, desde el año 2002 que empezamos con este tema”. Las otras seis votaciones afirmativas fueron en 2003, 2005, 2009, 2011, 2016 y en 2018.
El legislador del PDP señaló que “si bien nadie se opone públicamente a las políticas de transparencia después en el Senado no avanza y gana la cultura del secreto y el oscurantismo, que está muy arraigada”.
En la Cámara alta el proyecto caducó por falta de tratamiento o fue alterado su espíritu, como cuando en 2017 sancionaron una adhesión a la ley nacional que para Real “no correspondía, es mala e inaplicable” en Santa Fe. Entre otros puntos, la norma nacional dispone la aplicación en un funcionario de segundo orden y por eso pierde jerarquía. “En el Senado no hay vocación de tratarlo y ellos deberían explicar por qué”, agregó Real.
Desde esa cámara provincial confirmaron a este medio que el proyecto ingresó de manera formal (como "Bases para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la información pública, promoviendo la participación ciudadana y la apertura de la gestión pública"). Hasta este jueves se encontraba en “Mesa de Movimiento” y todavía no tiene comisiones designadas para su tratamiento.
“A la iniciativa se le asignarán comisiones una vez que ingrese en la próxima sesión del Senado” pero “por el momento no hay fecha tentativa para la sesión ordinaria Nº 10”, explicaron.
Un pedido y una aclaración
Real señaló que el proyecto nació hace dos décadas del pedido de organizaciones de la sociedad civil y el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR). Alicia Simeoni, secretaria del SPR y titular del Área de Libertad de Expresión y Formación Profesional, coincidió en la importancia de que esta vez sí prospere un tema considerado como derecho humano.
"Con todo lo que se ha avanzado a nivel nacional e internacional en estos años, esperamos que los senadores comprendan la necesidad de completar la sanción de esta ley”, señaló la periodista.
Por otro lado, Simeoni planteó que sobre la autoridad de aplicación de este último proyecto votado "tenemos la impresión de que es un tanto general la letra aprobada porque cada poder se dará la autoridad de aplicación que considere o desee. Y son poderes independientes pero todos deben estar al servicio de las y los ciudadanos. De todos modos apoyamos la media sanción".
"Hay que esperar que la reglamentación, de convertirse en ley, señale pautas más claras para que la generalidad no se convierta en una aplicación discrecional. Que además se tenga presente la integración de las mujeres y la diversidad en los órganos de aplicación", agregó.
El SPR reconoció "la vocación democrática demostrada tantas veces por la Cámara de Diputados" y reclamó: "Pedimos especialmente al presidente de Asuntos constitucionales del Senado, Gramajo Benavidez, que esta vez dé muestras de fe y vocación democrática y que comprenda que lxs santafesinxs merecemos y necesitamos la ley. El oscurantismo debe quedar desterrado".
Tres proyectos unidos
El proyecto original de Real se fusionó con otros dos similares: uno de Rubén Giustiniani (bloque Igualdad) y otro de Clara García (Socialistas). “El libre acceso a la información pública es un derecho que debe consagrarse por ley en las democracias modernas. A mayor acceso a la información, mayor y más vibrante es la participación democrática”, dijo García.
La propuesta garantiza el derecho de todas las personas a solicitar, acceder y recibir información del Estado sin necesidad de precisar los motivos, y obliga a proporcionarla de forma gratuita y accesible.
A su vez, exige al Estado que fije mecanismos de transparencia activa y publicar sus actos (normas, autoridades, remuneraciones, licitaciones, movimientos presupuestarios, auditorías, trámites, sentencias, entre otros).
Además de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), están incluidos los organismos o entes de la administración pública y las municipalidades. “Toda información del Estado es pública. No deben establecerse excepciones generales y permanentes que puedan perjudicar a los ciudadanos y ciudadanas", resumió Giustiniani.
