A diferencia del sector agropecuario, los industriales santafesinos miran con cautela el acuerdo Mercosur – Unión Europea. Como todos, esperan “conocer las cláusulas específicas”. Sin embargo, desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) advirtieron sobre cuestiones arancelarias y pidieron participar del debate parlamentario.

“Sabemos, como industriales, lo valioso que es para un país que crezcan las exportaciones, lo que mejora la cantidad y la calidad del empleo. Y entendemos que todo acuerdo comercial entre países o bloques de países es importante, siempre que favorezca por igual a las partes que lo firman. En este sentido, no podemos desconocer que la Unión Europea es un mercado potencial de 500 millones de consumidores, pero al mismo tiempo su PBI quintuplica al Mercosur y registra diez veces más patentes al año que nuestros países, así como es sede de empresas multinacionales con enormes proporciones comparadas con las que tenemos aquí. Existe, entonces, una gran asimetría, que no es foco de preocupación del acuerdo, al menos en el texto que se conoció hasta el momento. Sí se menciona, en cambio, la prioridad para compras públicas o desgravaciones, que en última instancia facilitarán el acceso a nuestro mercado de productos industriales europeos, intensivos en capital y tecnología, complicando la situación del entramado industrial del Mercosur”, indicó un comunicado de la entidad.

“Esperamos cada sector productivo sea oportunamente convocado y escuchado, ya que hasta aquí las entidades representativas de la producción no hemos podido participar de las deliberaciones previas a la rúbrica del convenio”, añadió el texto de Fisfe.

La entidad santafesina indicó que entre los puntos que se conocieron y generan incertidumbre desde una mirada industrial, está la decisión de liberar el 90 por ciento del comercio bilateral con la Unión Europea, más allá de diferencias de volumen y tecnológicas.

También la remoción completa de aranceles para todas las autopartes y vehículos provenientes de la UE, así como la apertura a que empresas europeas participen de obras de infraestructura y provisión de equipamientos para los Estados nacionales, en los mismos términos que las empresas locales.

Además, un tema sobre el cual advertimos es el de la extensión de los plazos de protección de propiedad intelectual, que permitiría a los laboratorios extranjeros cierta posición de privilegio respecto de los del Mercosir.

Asimismo, preocupa la exclusividad para la Unión Europea de la Indicaciones Geográficas, nombradas como IG en el acuerdo, que obligará a ciertos productos alimenticios a cambiar su denominación, protegida por nombres patentados en Europa.

“Debemos intentar, por el bien del país, que ningún acuerdo comercial nos lleve a reprimarizar nuestra economía, sino por el contrario a crecer creando más valor agregado”, expresó el comunicado de Fisfe.

Finalmente, la entidad pide “participar del debate y que se analicen con profundidad las cláusulas del acuerdo, cuando se lo trate en el Congreso de la Nación”.